Si bien aún no hay reglamentación para el uso de tobilleras electrónicas para casos de violencia familiar, desde el Ministerio del Interior aseguraron que la aplicación de los dispositivos forma parte de los objetivos de los primeros 100 días del Gobierno.
El feminicidio de Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, que se registró este domingo en la ciudad de Lambaré, volvió a poner en el debate el uso de las tobilleras electrónicas para casos de violencia familiar.
En este contexto, el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, fue consultado en comunicación con Monumental 1080 AM sobre la reglamentación de la ley que está en vigencia desde el 2017.
“Estamos ultimando los detalles para la aplicación; la ley ya fue firmada años atrás y estamos redactando lo que sería la reglamentación de esa ley. Es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia, del Interior, interviene el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia”, respondió.
Pereira explicó que la reglamentación para la aplicación sufrió una demora por cuestiones administrativas, ya que la ley sigue siendo letra muerta por la falta de presupuesto para adquirir los dispositivos; no obstante, reconoció que urge la implementación para casos de violencia familiar.
“Administrativa y reglamentariamente hubo alguna demorada y estamos con los tiempos apretados para llevar a cabo e implementar las tobilleras”, afirmó.
Complementó su afirmación al indicar que uno de los objetivos del Gobierno en los primeros 100 días es justamente la aplicación de ley de tobilleras electrónicas.
“Como uno de los objetivos de los 100 días está la implementación de la tobillera electrónica”, prometió el viceministro de Seguridad Interna.
Según explicó, hay varias formas de adquirir los dispositivos y una de las alternativas que están analizando es alquilar las tobilleras y pagar una suma equis.
“Por cada tobillera que se esté usando se pague una suma, no es que directamente vamos a comprar una tobillera. Esa es la parte que se está ajustando ahora. El presupuesto nos limita mucho”, subrayó.
En cuando a los responsables del monitoreo, Pereira indicó que se encuentran planificando “crear una unidad que se dedique exclusivamente a la atención de las tobilleras, para que justamente, por otros servicios, no tenga que tener demora”.
“El 911 tiene demasiada carga de trabajo y eso podría hacer que no resulte la aplicación de tobillera”, sostuvo.
De acuerdo con Pereira, cuando el centro del monitoreo detecte la activación de una alarma, se procederá a activar los mecanismos correspondientes y avisar a la dependencia policial más cercana para una respuesta inmediata.
En esa línea, señaló que 20 uniformados de las Unidades de Violencia Familiar de las comisarías serán los primeros en ser capacitados sobre el uso de tobilleras.
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