Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal, afirmó este martes que no renunciará a su inmunidad como diputado, en busca de ejercer como senador. Cuestionó la imputación en su contra y alegó que se trata de una persecución política gestada principalmente por el senador Derlis Osorio.
El diputado y senador electo Erico Galeano, quien ya está procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, brindó en la mañana de este martes una conferencia de prensa donde manifestó que no renunciará a sus fueros como legislador y señaló que el proceso en su contra es una «persecución política inmisericorde».
Además, criticó el actuar del Ministerio Público e incluso se calificó como «inimputable» por poseer, a su entender, doble inmunidad, al ser actualmente diputado nacional y senador electo.
El parlamentario comenzó hablando sobre los alcances de la imputación por lavado de dinero, cuyo hecho principal se relaciona con la compraventa de un inmueble ubicado en la localidad de Altos, en el Departamento de Cordillera.
“Estamos dentro de una persecución política en contra de mi persona, con hechos inverosímiles sobre la compraventa de un inmueble en Altos”, comenzó expresando el legislador.
Relató que el terreno había adquirido en el 2013 por USD 200.000, mientras que en el 2016 se inauguró el condominio y la construcción, teniendo en su poder por lo menos hasta la época en que inició la pandemia del Covid-19.
No obstante, alegó también que ya puso a la venta alrededor del 2017, debido a que su esposa fue diagnostica con cáncer, falleciendo en abril de 2018.
“Quedó en mis manos la propiedad, hasta el 2019, hasta que vino la pandemia y yo recibí cinco personas interesadas en la casa. No sabíamos dónde ir, todo el mundo estaba buscando el lugar, recibí mucha gente que quiso comprar mi casa, propuestas hasta ese millón”, alegó.
Sostuvo que la propiedad se le vendió a Hugo González, pero dijo que nunca lo conoció debido a que la venta se realizó a través de intermedios.
“Destiné USD 600.000 del millón a una cuenta bancaria, se pagaron todos los impuestos, las comisiones y mucha gente involucrada. No es que yo compré por USD 200.000 y vendí por USD 1.000.000 y que estuve haciendo un lavado exagerado de ese inmueble. Cuando yo compré esa propiedad yo todavía no era diputado. Yo soy diputado desde abril de 2018 y la compra del terreno es del 2013”, sostuvo al respecto.
Asociación criminal
En cuanto a su imputación por asociación criminal, cuya sospecha se enmarca en una aeronave de su propiedad que presuntamente era utilizada para el crimen organizado, el legislador sostuvo que se dejó de utilizar por mucho tiempo y que era usada como taxi aéreo.
Alegó que los viajes se hacían vía aeropuertos, en las conexiones de Asunción – Ciudad del Este; Asunción – Encarnación o Asunción – Salto del Guairá, pero que nunca conoció a las personas que abordaron dichos vuelos.
“Yo no sabía quiénes se movilizaban en la aeronave, era la Policía, las autoridades aeroportuarias. Yo no tuve ningún contacto ni con el señor (Sebastián) Marset, ni con el señor (Miguel) Insfrán. Esto para mí es una persecución política donde se están llevan a cabo atrocidades jurídicas”, afirmó.
Seguidamente, se jactó de ser inimputable, sosteniendo que posee doble fuero como diputado y como senador electo. Sostuvo que los fiscales no debieron procesarle sin antes contar con su desafuero.
“Yo soy inimputable al tener fuero. Los fiscales lo máximo que podían hacer es pedir mi desafuero. Yo tengo la doble inmunidad, yo no voy a renunciar a mi inmunidad, yo me debo a mis electores que me eligieron senador nacional. A partir de que haya un pedido de desafuero en ese ámbito (en Cámara de Senadores), yo voy a renunciar”, acotó.
Afirmó que esperará que se trate su desafuero en el Congreso Nacional y que se pondrá a disposición de sus pares, pero sostuvo que aún no hay ninguna oficialización de que los miembros de su bancada van a estar a favor de desaforarlo.
«Hoy a las 9:00 se define esto y vamos a respetar. Voy a ponerme a consideración de ellos, voy a llevar documentaciones para que ellos lo tengan en cuenta para llegar el 1 de julio y ser senador por las 28.000 personas que me votaron», añadió.
La defensa del parlamentario ya había señalado que la imputación violaba derechos de orden constitucional y que fue apresurada.
Estudiarán su desafuero
Este último lunes, el magistrado Gustavo Amarilla había hecho llegar a la Cámara de Diputados la imputación del legislador colorado, a fin de que el pleno legislativo dé tratamiento a su desafuero para someterse a la Justicia.
Tras esto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja convocó a una sesión extraordinaria para este martes, a las 9:00, en busca de emitir dictamen para desaforar al diputado cartista y conseguir que el pedido se trate en la sesión ordinaria del miércoles.
La Comisión que estudiará el punto está integrada por referentes justamente cartistas, como los parlamentarios Rocío Abed, Walter Harms y Derlis Maidana.
En caso de que su tratamiento se dilate y pase para el siguiente periodo legislativo, la decisión finalmente quedará en manos de la nueva Cámara de Senadores, debido a que Galeano ahora pasará a ser senador, tras ser electo en las últimas elecciones 2023.
Si esto se llegara a dar, el desafuero del legislador dependerá solamente del Partido Colorado, debido a que para el próximo periodo constitucional ambas cámaras del Congreso estarán integradas por mayoría propia de colorados.
La investigación del Ministerio Público
El pasado 19 de mayo, la Fiscalía imputó a Erico Galeano y pidió su desafuero, ante indicios de que el diputado estaría vinculado al operativo A Ultranza PY, que desarticuló la mayor red de lavado de dinero en el país y en el que el principal investigado es Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recientemente extraditado al país desde el Brasil.
La investigación contra Erico se inició luego de que durante uno de los allanamientos de ese operativo se hallara una boleta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a nombre del diputado y luego se constatara que la propiedad llegó a pertenecerle, pero no la incluyó dentro de su Declaración Jurada de Bienes a la hora de asumir como legislador.
Dicha propiedad habría sido usada para una simulación de compraventa, sin dejar constancia de que el verdadero propietario era Insfrán.
Según las investigaciones, Galeano recibió la suma de USD 1 millón para la compra del inmueble y el dinero sería proveniente de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína y al crimen organizado.
Ante esto, los fiscales solicitaron como medida cautelar la inhibición de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de todas las cuentas del parlamentario y el secuestro de una aeronave marca Beech, la cual habría sido utilizada como medio de transporte por integrantes de una supuesta banda criminal dedicada al tráfico de drogas.
Tras ser implicado en el caso A Ultranza Py ya en febrero del año pasado, el abogado del legislador Cristóbal Cáceres Frutos había afirmado que su cliente no conoció ni habló con Miguel Insfrán.
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