Dos mujeres que quedaron viudas tras el asesinato de sus esposos en el norte del país en el año 2021, exigen el cobro de la indemnización que les corresponde por ley. Las muertes ocurrieron como resultado de ataques del grupo armado ACA-EP, y a pesar de haber pasado varios años, aún no han recibido la compensación.
El suboficial principal Ramón Ávalos Pereira fue asesinado el 1 de marzo de 2021 en la Comisaría de Puentesiño, dejando un hijo y a su esposa María Cristina Fleitas. El dictamen positivo para el subsidio salió el 12 de abril de 2022.
Por otro lado, el suboficial mayor Dionisio Ávalos Pereira falleció el 13 de agosto de 2021 en San Alfredo, dejando tres hijos y a su esposa Esmilce Florentín. El dictamen favorable fue emitido el 13 de mayo de 2022. Los agentes eran hermanos.
Ambas mujeres expresaron que ya esperaron demasiado tiempo y que siempre fueron ignoradas por las autoridades. Por esta razón, han decidido romper el silencio y hacer pública su situación.
La extinta Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP) fue un resurgimiento de la Agrupación Campesina Armada (ACA), grupo que quedó desarticulado con el asesinato de sus principales miembros, Albino y Alfredo Jara Larrea, tras un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2015.
En el 2021, la agrupación secuestró y asesinó a Jorge Manuel Ríos Barreto, de 24 años, en la estancia Dos Hermanos, en Puentesiño, Departamento de Concepción.
En junio del 2021, incendiaron la estancia Machuca Cué en Paso Barreto, mientras que también amenazaron a ganaderos con fines extorsivos, exigiendo pagos de supuestos impuestos revolucionarios.
En noviembre del mismo año, fueron abatidos cuatros de sus miembros, Antonio, Feliciano, Hugo Bernal Maíz y Laubrindo Balbuena Maíz. En diciembre la Policía abatió al último de sus integrantes, Elizandro Balbuena Mariz, y detuvo a los hermanos Sergio y Francisco Mariz Domínguez y Merardo Florenciano.
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