Las mujeres y las niñas representan casi la mitad de la población mundial. A pesar de ello, muchas veces no se toman en cuenta sus necesidades ni se aúnan esfuerzos para aprovechar todo su potencial. La consecuencia es un mundo en el que se excluye y margina a una de cada dos personas del planeta, un problema que impedirá que todos nosotros, no solo las mujeres y las niñas, disfrutemos de un futuro más próspero, pacífico y sostenible.
La raíz del problema no es otra que la desigualdad de género. En todo el mundo, esta injusticia generalizada priva a las niñas y a las adolescentes del acceso a la educación y a la salud, exponiéndolas al abuso sexual y a las uniones tempranas y forzadas. También impide que las mujeres accedan a un empleo digno y decente y obstaculiza su capacidad para tomar decisiones relacionadas con su salud y su vida sexual y reproductiva, exponiéndolas a la violencia y mortalidad materna evitable. Y lo que es probablemente más grave, impide que el mundo se pregunte o se preocupe por lo que las niñas y las mujeres quieren.
“Pero lo que ellas quieren importa, y desde el UNFPA abogamos porque se las escuche y tome en cuenta. Cuando las sociedades otorgan a las mujeres y a las niñas la potestad para decidir sobre sus vidas, tomar sus propias decisiones y brindarles la posibilidad de desarrollarse, prosperan tanto ellas como sus familias. La consecuencia es un mundo mejor y más inclusivo, preparado para enfrentarse a cualquier dificultad o cambio demográfico que le depare el futuro”, expresó Rocío Galiano Marés, Representante Nacional del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, con motivo del Día Mundial de la Población, que se conmemora cada 11 de julio.
En esta fecha, desde el Fondo de Población destacamos la necesidad de avanzar en la igualdad de género para hacer realidad los sueños de los ocho mil millones de personas que habitamos este mundo. Este proceso empieza por escuchar las voces de las mujeres, las niñas y otras personas excluidas y por introducir leyes y políticas que les permitan ejercer sus derechos y tomar decisiones importantes para desarrollar sus vidas plenamente.
“Solo entonces seremos capaces de aprovechar la fuerza que atesora la mitad del planeta para enfrentarnos a los problemas que nos apremian en la actualidad. Convertirnos en un mundo de ocho mil millones de personas diverso, próspero y con infinitas posibilidades depende de ello”, remarcó Galiano Marés y recordó que en Paraguay las cifras indican que las mujeres trabajan más horas que los hombres, pero dedican mayor tiempo al trabajo no remunerado en la esfera no mercantil y al no contabilizarse su aporte como producción económica, ellas quedan invisibilizadas.
Si el trabajo doméstico en el hogar fuera contabilizado, su aporte al PIB representaría el 22,4% en 2016. A esto hay que añadir que el 76% del aporte del tiempo de trabajo no remunerado es producido por las mujeres.
Otra realidad que nos muestra, claramente, cómo la desigualdad afecta a las niñas, es cuando analizamos el embarazo no intencional en niñas indígenas y no indígenas. Si bien entre 2018 y 2020, a nivel nacional se logró una reducción del 23% en el número de nacidos vivos registrados en niñas no indígenas de 10 a 14 años, en el mismo periodo en niñas indígenas de 10 a 14 años se registra un incremento del 34%. “Estas cifras no sólo muestran la desigualdad en el acceso a educación, salud y protección, sino además una mayor vulnerabilidad a situaciones de abuso sexual”, reflexionó Galiano Marés.
Todo esto, también tiene un impacto económico. Las evidencias del estudio MILENA, realizado por UNFPA, nos muestran que al Paraguay le supone un costo de más de 136 millones de dólares el embarazo adolescente; un poco más de 768 mil millones de guaraníes. La vida de más de 19 mil niñas y adolescentes, junto a sus hijos y sus familias, y la economía del Paraguay, se ven directamente afectados por esta problemática.
A esto se suma que 4 de cada 10 niñas de entre 10 y 14 años de edad o menos refieren estar en pareja al momento del parto. Esto a pesar de que la ley permite las uniones legales a partir de los 18 años.
Todo lo expuesto nos reafirma que debemos redoblar los esfuerzos desde el gobierno, la sociedad civil, las comunidades y, por, sobre todo, las familias para garantizar los derechos de niñas y adolescentes y avanzar en el logro de la igualdad de género para construir un Paraguay más equitativo, resiliente y sostenible con infinitas posibilidades.
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