El senador del Frente Guasu (FG), Hugo Richer, indicó que es necesario investigar el trato otorgado al informe elaborado por la Auditoría General del Ejecutivo que revela un perjuicio de US$ 37 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cometido por Efraín Alegre, candidato a mandatario por la Concertación.
“¿Qué pasó del informe? ¿A qué instancia se envió? Si fue al Ministerio Público o no se envió. Esa es la ruta que habría que investigar, cuando nosotros fuimos echados del gobierno estuvo Federico Franco por el periodo de 10 meses o un año”, mencionó mediante una entrevista con La Nación/Nación Media.
Al respecto el congresista exigió a las altas autoridades y dirigentes del bloque que aglutina a varios movimientos y partidos de la oposición a pronunciarse respecto al conflicto que salpica al también titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y no llamarse al silencio.
“Todos deben hacer esto cuando corresponde a su sector político cuando existen acusaciones contra su gente, ya sea el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Frente Guasu y la Concertación. Acá cada uno defiende y se llama al silencio de acuerdo a quien sea, pero acá las instituciones son las que deben actuar”, sostuvo.
El documento, que fue cajoneado por un periodo de 10 años y que nunca fue remitido a los organismos de control y fiscalización, destapa casos de planillerismo, de obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas y otras perlitas.
“Creo que en todo caso hay que criticar a las instituciones que no funcionaron para determinar cuáles son las responsabilidades y el por qué no actuaron las instancias que deben hacerlo cuando existen delitos”, puntualizó.
Por otra parte, expresó que no cree que el informe haya contribuido para que Efraín tomé en su momento la decisión de respaldar la destitución del expresidente de la República y actual senador Fernando Lugo, registrado el 22 de junio del año 2012.
“Este informe no se conocía cuando fueron cambiados (Alegre y Rafael Filizzola exministro del Interior), y lo digo porque también estaba en el gobierno. Fueron cambiados porque se comentaba que realizaban campañas electorales y entonces, este informe obviamente viene después de acuerdo a la fecha”, refirió.
Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento.
El segundo instaba al presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.
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