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Pese a las múltiples negociaciones por intentar vender la fábrica instalada en Carayaó, propiedad  de la Cooperativa Coronel Oviedo Ltda., que podría permitir el retorno de ahorro y aportes a los socios, se vuelve cada vez más difícil. Recientemente un grupo brasileño rechazó la oferta tras verificar sus instalaciones y al señalar que una en mejores condiciones y equipadas con mayor tecnología constaría USD 3 millones, mucho menor que el precio al que les ofrecieron, unos USD 10 millones.

 

Los más de 25.000 socios y ahorristas de la quebrada cooperativa esperan que se pueda dar el retorno de sus ahorros y al menos parte de los aportes, lo que cada vez se torna más difícil al recaer esa esperanza en la venta de la Planta Alcoholera, ubicada en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, que en reiteradas ocasiones se han denunciado que el montaje de la misma fue sobrefacturada, lo que quedaría en evidencia tras el rechazo de la oferta por el inmueble de parte de un grupo inversor brasileño.

 

De acuerdo a datos a los que tuvimos acceso, los integrantes de la Comisión Liquidadora remitieron un material audiovisual promocionado la fábrica, lo que captó la atención de una firma brasileña que envió a un grupo técnico a verificar las instalaciones, encontrándose con la sorpresa que la misma no estaba operativa y lejos de las condiciones que mostraba el material- que correspondería al año de su habilitación (2012)- y no a la situación actual.

 

El precio de acuerdo a la tasación que maneja la comisión liquidadora sería de unos USD 10 millones, precio que dista mucho de la realidad según esta firma extranjera que en su respuesta enviada a los intermediarios es que una fábrica en mejores condiciones, y con mayor tecnología recién montada alcanzaría alrededor de USD 3 millones, es decir 70 por ciento menos del monto que ofrecen.

 

Esto habría ocurrido a mediados del año pasado, situación similar pasó con la firma ETANOL S.A. en el año 2016, que incluso derivó en una reunión con los representantes del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), y que en su momento fue calificada de exitosa, e incluso anunciaron que en 15  días habría una respuesta positiva, lo que nunca llegó, sin darse una respuesta al caso.

 

 

Planta Alcoholera, la causante del quiebre de la Cooperativa

Según el informe proveído en su momento por la audotiría, varios puntos fueron cuestionados durante el montaje y la construcción de la Planta de Industria Alcoholera, que se realizó sin contar con capital propio, sino a través de financiamiento externo, cuyos intereses sobrepasaron al capital y bienes de la Cooperativa, que incluso fue alertado por otras cooperativas, lo que nunca se tuvo en cuenta y tampoco fue dada a conocer a los socios.

Otro cuestionamiento es que no constaron debidas justificaciones para declarar desierta una inversión inicial de USD 5 millones y haber invertido finalmente USD 7 millones para la instalación de la planta, supuestamente por la capacidad nominal de 45.000 litros de alcohol por día que correspondían al 70% de la materia prima, cuando que hasta el tercer año de zafra, no se obtuvo ni el 55% de rendimiento real.

Además, el presupuesto de obras civiles presentado por el Comité de Industria que totalizaron una cantidad de G. 11.884.763.510 no fue autorizada por asamblea.

En cuanto a la obtención de «Fondos externos», mediante bancos, se realizó con una tasa nominal de 13%, que resulta elevada para la modalidad de «inversión industrial», que como máximo tendría que ser del 8%.

En otro punto, se cuestionó la dolarización de la deuda contraída con la firma constructora de la planta alcoholera «TERMECO» mediante una adenda contractual, que produjo un incremento obligado de USD 1 millón en moneda extranjera y G. 5.000 millones en moneda local al finalizar la obra por el tipo de cambio de ese entonces.

Finalmente, se desata que para cubrir el costo total de la Planta Industrial se captó más de G. 70 millones y por los cuales en cinco años ya se abonó en concepto de intereses más de 32 mil millones, representando el 46% de la tasa efectiva.

Además, la falta de fiscalización de la calidad y resistencia de los cables utilizados para la alimentación de energía con la detección por un informe técnico de una «unión» de cables entre circuito de capacidades diferentes generó pérdidas porque se quemaron.

Son varios los cuestionamientos que surgen en relación a su puesta en funcionamiento, que cada vez se evidencia más las irregularidades, pero que pasa desapercibido para el Ministerio Público que hasta ahora, sólo se limitó a llamar a declarar a unos 27 exdirectivos.

Hasta el próximo año, tienen la Comisión liquidadora integrada por, Germán Wiegert, Enrique Yegros y Gustavo Recalde para honrar las deudas con Banco Continental y Oiko Crédit, de lo contrario, los mismos se verán habilitados a disponer de los bienes y proceder al remate, a fin de recuperar el capital prestado.