El senador Martín Arévalo anunció que pedirá la expulsión de los registros de la Asociación Nacional Repúblicana (ANR) del ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Esto luego que el gobierno de los Estados Unidos prohiba el ingreso de por vida a su territorio para ambos altos ex funcionarios del Gobierno.
Arévalo fue quien reemplazó a González Daher luego que se le haya retirado la investidura en la Cámara Alta. El parlamentario señaló que hará el pedido de expulsión de ambos hombres no como autoridad del Partido Colorado, sino como una afiliado más.
“Nos pone como Partido Colorado en una situación difícil y creo que ante esta situación corresponde la expulsión de González Daher y del ex fiscal de los registros del Partido. Voy a solicitar la expulsión. Creo yo que es una situación alarmante para la clase política sobre todo”, expresó Arévalo ante diversos medios de prensa.
El embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, a través de su cuenta de Twitter hizo el anuncio de la medida adoptada y atribuyó esta decisión a la “lucha contra la corrupción”. La decisión, además de González Daher, también alcanza a sus parientes directos.
“El Partido debe estar a la altura de los nuevos tiempos, donde tiene que demostrar que va por el camino de la honestidad. Voy a solicitar como un afiliado más. No soy miembro de la Junta de Gobierno, pero como parlamentario soy una autoridad más”, afirmó Arévalo.
González Daher está acusado en nuestro país por tráfico de influencias y asociación criminal en el caso conocido como filtración de audios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, en dicha causa están involucrados el ex senador Jorge Oviedo Matto y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann.
En tanto que el ex fiscal Díaz Verón afronta actualmente un proceso por enriquecimiento ilícito, al igual que su esposa, María Selva Morínigo. De acuerdo a la carpeta del Ministerio Público, entre el 2014 y 2016 Díaz Verón acumuló una fortuna de 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos, informó La Nación.
