La fiscala Lilian Ruiz, de Santaní, imputó por robo agravado y pidió prisión para los cuatro militares, dos con el grado de sargento ayudante y dos sargentos primero detenidos por un robo, que realizaban trabajos varios en la granja de un general.

Teodoro Valiente, víctima del hecho de robo y supuesta tortura, señaló que reconoció a los autores del hecho porque son personas que compartían con los pobladores de la comunidad.

En un operativo realizado en la madrugada del domingo, la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro militares sospechosos de haber cometido el robo agravado en la comunidad de Punta Suerte, distrito de Santaní, San Pedro.

Según el informe proporcionado por la Comisaría 19ª de Tacuara, el hecho ocurrió sobre la calle Ka’aguy Poty. La víctima, Teodoro Valiente, de 38 años, denunció haber sido interceptado y asaltado por cinco hombres armados mientras se desplazaba en su motocicleta.

Según el relato de la víctima, los asaltantes usaron armas de fuego, presumiblemente una escopeta y una pistola, para someterlo.

La policía logró aprehender primero a uno de los sospechosos encima de la motocicleta de la víctima y luego ya con la intervención de la fiscal Ruiz lograron la aprehensión de los otros tres sospechosos que se encontraban en el interior de la granja, de donde también recuperaron varias evidencias.

Los detenidos fueron identificados como Dejesús Junior Wuiler Pérez, de 38 años, Lino Jacinto Quintana Miranda, de 29, Víctor Jacinto Villa, de 29, y Andrés Ocampo Godoy, de 34. Todos son personal militar que realizaban guardia en la propiedad del general de brigada Vicente Cantero quien hasta el domingo era comandante de las Tropas Especiales y fue destituido de su cargo.

En el procedimiento, se recuperó la motocicleta Leopard de color azul, propiedad de Valiente, y se incautaron varios elementos:

Un automóvil Toyota Vitz modelo 2006, una escopeta calibre 12 mm sin proyectiles, cuatro teléfonos celulares y dos mochilas camufladas y varios documentos.

En las próximas horas el juzgado Penal de Garantías deberá determinar si acepta el pedido fiscal y el lugar de reclusión de los militares.

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