La fiscala Belinda Bobadilla, de Delitos Económicos, solicitó informaciones referentes al desempeño de las funciones de parientes de legisladores que trabajan en el Congreso Nacional.
En diálogo con un medio local, Bobadilla detalló que solicitó a la Dirección de Recursos Humanos del Congreso una serie de documentos que especifiquen detalles como el lugar donde prestan servicios, los cargos que ocupan y las funciones que les corresponden desempeñar, el horario que deben cumplir, etc.
Asimismo, solicitó la copia de resoluciones de nombramientos en los que se disponen la contratación de estas personas, el registro de ingresos y egresos e incluso cualquier permiso que hayan presentado desde Agosto hasta este mes.
La principal sospecha gira en torno al cobro indebido de honorarios.
En ese sentido, la fiscala explicó que la falta corresponde al haber sido contratado para prestar un servicio determinado por parte del Estado, recibir la remuneración correspondiente y no realizar el trabajo.
Mencionó que existen ciertas evidencias puesto que algunos funcionarios fueron seguidos por la prensa en diferentes lugares y no se encontraban en sus puestos laborales.
Tampoco descartó analizar acerca del tipo de cargo para el cual fueron contratados y nombrados y los requisitos que deberían cumplir para ocupar esos cargos, como poseer título universitario, etc.
Investigados
Los documentos solicitados refieren a Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José Mino Adorno (ANR); Silvia Noemi Vega, esposa del diputado Benjamín Cantero (ANR); Liz Liliana Aguilera Rotela, esposa del diputado Cleto Giménez (PLRA) y sus hijas Johana Denisse Giménez Rotela y Danna Maricela Giménez Rotela; Vidala Franco Medina, esposa del senador liberal y miembro del Consejo de la Magistratura Édgar López; Yanina Montserrath Maidana Figueredo, hija del senador Derlis Maidana (ANR); y Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana.
De igual modo, se incluyen las investigaciones de las denuncias que fueron hechas contra Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres (PLRA); y Alejandro Ovelar, hijo del presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar (ANR).
La fiscala Bobadilla explicó que el informe fue solicitado ayer y se disponen de cinco días para su contestación.
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