Sería una rosca integrada por jefes de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo, Caaguazú y otras localidades quienes supuestamente falsificaban las planillas de verificación de la previsional con los que posteriormente llegaban hasta los comercios y al hallar algunas irregularidades exigían fuertes sumas de dinero para dejar sin efecto. Pese a las denuncias realizadas a la previsional nada han hecho para esclarecer el caso al igual que la lenta actuación del Ministerio Público.
Los funcionarios realizaban supuestas verificaciones de manera irregular a los comercios de Coronel Oviedo, Caaguazú, Santa Rita y otros municipios con el fin de extorsionar a los propietarios y obtener grandes sumas de dinero a cambio de “eliminar” las evidencias que podría acarrear en elevadas multas por parte del IPS al no tener inscripto a sus funcionarios dentro del seguro social.
Estos controles eran realizados por los mismos jefes, quienes se intercambiaban de municipio para no ser identificados, es decir los funcionarios de Caaguazú operaban en Coronel Oviedo y desde aquí iban a otros municipios, siempre con la complicidad de los locales para aportar datos de las empresas que podrían estar en falta, los mismos falsificaban los documentos puesto que sólo están habilitados para realizar las verificaciones los funcionarios de la capital debidamente autorizados y con una orden de trabajo que deben exhibir a los comerciantes al igual que sus identidades.
Las pruebas a las que accedió nuestro equipo dePrensa5Investiga, muestra como uno de los procedimientos irregulares se realizó en Coronel Oviedo el pasado 17 de octubre del año 2017 en una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción, donde aparentemente de acuerdo a la imagen del circuito cerrado dos personas de sexo masculino se identificaron como funcionarios de dicha dirección sin exhibir sus documentos personales, tras inspeccionar y constatar supuesta irregularidades, completaban un acta de verificación falsificada que ni siquiera coincidía con la fecha de la inspección, es decir, acudieron al negocio en octubre del a2017 pero en el documento llevaba impresa la fecha 12 de octubre del año 2014 firmada por Arnaldo Gómez, quien aparentemente desconocía tal procedimiento.
De acuerdo a versiones obtenidas, los pedidos de coimas se fijaban de acuerdo a las supuestas irregularidades halladas, que iban desde los G. 5.000.000 incluso llegando a G. 50.000.000 en varios casos según los propietarios, quienes pidieron mantener sus identidades en el anonimato.
En el circuito cerrado del local, se observa a una de las personas que sería aparentemente Oscar Areco, jefe de la AOP de la ciudad de Caaguazú y la otra persona sería de la zona de Alto Paraná, en tanto el rodado que se observa en la imagen, un Kia Sorento con placa BJT 336, propiedad de Nery Ojeda, jefe de la regional Coronel Oviedo quien habría trasportado en su rodado a los funcionarios hasta los locales. Según los datos, una mujer también estaría implicada en caso y que presta servicios en Coronel Oviedo quien sería el nexo a la hora de brindar datos confidenciales.
Desde la capital, informaron que ningún funcionario del interior del país está autorizado a realizar este tipo de verificaciones, sólo el quipo de interventores de la capital quienes además al momento de llegar hasta los comercios deben exhibir la orden de trabajo y portar sus respectivos documentos personales.
Llamativo silencio de la Previsional
Pese a que el propietario realizó la denuncia ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal, de la Unidad de Control Interno AOP, bajo acta que lleva la firma de la Lic. Sonia Acaraz, Jefa de la Unidad de Control Interno y la Abogada Lessa Méndez, hasta la fecha no han emitido ningún informe relacionado a la denuncia, es más los funcionarios siguen en sus puestos sin siquiera recibir aparentemente una amonestación por parte de los superiores.
Fiscalía solicitó informe al IPS
La denuncia fue presentada por el propietario de uno de los negocios ante el Ministerio Público el pasado 13 de marzo del 2018, lo que llama la atención que recién el 21 de mayo el asistente fiscal, Orlando Ruiz Díaz, de la Unidad 2 de la fiscal Viviana Duarte remitió la solicitud de pedido de algunos documentos a la previsional, y el pasado viernes 25 de mayo convocó al denunciante a prestar declaración testifical quien se mantuvo en su denuncia.
Al momento de contactar con la agente fiscal, Viviana Duarte Bojanovich, desconocía el caso y puso en duda que el documento se encontraba en su unidad, por lo que solicitó “darle tiempo” para verificar e interiorizarse del caso antes de emitir una opinión.
