Víctimas del fundador de los Legionarios de Cristo pedirán en enero a las autoridades mexicanas una reparación por las agresiones sufridas
Saúl Barrales no esconde su enojo. Ha cumplido 88 años, 12 de ellos sumergido en una lucha legal infructuosa para conseguir justicia como víctima de abusos de Marcial Maciel, el cura fundador de los Legionarios de Cristo, uno de los grandes movimientos del cristianismo romano.
Para él es una burla el informe interno hecho público el fin de semana, en el que la congregación admite que desde 1941 hasta hoy 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 de sus sacerdotes, al menos 60 de ellos, por Maciel. “Es una lavada de cara”, dice. “No es suficiente”, continúa, “la institución debe desaparecer”.
Hartos de no ser atendidos ni por la Iglesia ni por la justicia, Barrales y otras siete personas que fueron abusadas por Maciel cuando eran niños —la mayoría hoy son mayores de 80 años— acudirán en enero a las autoridades mexicanas para exigir reparación por los abusos sufridos.
Barrales recuerda que su pesadilla comenzó cuando tenía 13 años. En 1946 él y otros 30 chicos —15 de ellos entre 11 y 13 años— viajaron con Maciel hasta España, con una estancia de unos días en Cuba. Después de embarcarse hacia Europa, el sacerdote lo llamó una noche a su camarote. “Me dijo, ‘ponme la mano aquí en el pecho porque siento dolor’ y luego la bajaba hacia sus partes íntimas. Pronto empecé a notar sus insinuaciones. Veía quién le caía bien. Él sentía simpatía por la gente güera [de piel blanca], de ojos azules, chamacos de 10, 11 y 12 años”.
Barrales asegura que el Vaticano conocía de los abusos de Maciel, pero que imperaba el silencio entre los jóvenes que estudiaban para sacerdotes y las autoridades de la Iglesia en todos los niveles. “Yo mismo me decía: ‘No puede ser que enjuicie a un ser que ha hecho tantas cosas buenas. Lo considerábamos un santo, un enviado de Dios para transformar la Iglesia”.
Mantuvo el silencio durante 12 años, pero según se fue haciendo adulto comenzó a hacer críticas sobre lo que veía, sin llegar a las acusaciones formales. Fue cuando Maciel decidió expulsarlo. Era 1958, Barrales tenía 25 años y, “con la vida arruinada”, tuvo que comenzar de cero. Se dedicó a dar clases y vivió con un humilde salario de maestro, siempre con amargura, hasta que se jubiló.
Barrales y las otras siete víctimas de abusos de Maciel acudirán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno de México con la esperanza de que se pronuncie sobre sus casos y fije una reparación. México aprobó en 2012 una Ley General de Víctimas, que obliga al Estado a dar asistencia y protección e indemnizar a quienes hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos o hayan sufrido violencia. “Son estas instancias federales las que pueden determinar los grados de afectación y que se logre una reparación por parte del Gobierno”, explica Sergio Méndez, abogado de las ocho víctimas y coordinador del Litigio Constitucional de Justicia Pro Personas A.C. Méndez afirma que el Estado podrá exigir que se pidan disculpas públicas y que se pague una indemnización a las víctimas.
El informe de los Legionarios llega en medio del estallido del caso de Fernando Martínez en México, un legionario que abusó de al menos seis niñas y al que la congregación encubrió durante 50 años. La presentadora de radio Ana Lucía Salazar fue la primera en denunciar los abusos que sufrió cuando tenía ocho años en un colegio en Cancún a manos de Martínez, quien era el director. “Te utilizan, te mienten y luego te desechan y te acallan”, contó en ese momento. Ahora sostiene que la investigación interna no tiene validez porque “nadie la supervisó” y presenta una cifra “inverosímil y escueta”, señala. “Me parece muy maquillado el resultado, ni siquiera están contando a todos los que encubrieron. Yo calculo como mínimo que es el doble”.
Otras víctimas
Tras la denuncia de Salazar en mayo, saltó a la luz el caso de otras siete víctimas que sufrieron abusos de Martínez. Entre ellas, María Belén Márquez, de 34 años, que detalló lo que pasó en el Instituto Cumbres entre 1991 y 1993, uno de los 154 colegios que los Legionarios regentan en el mundo. “No fue una debilidad, fue abuso sexual, y en varias ocasiones”, dice. No puede borrar de la memoria las manos del sacerdote sobre su cuerpo. “Son secuelas que no se ven, pero que duran toda la vida”.
A Biani López Antúnez, otra de las víctimas de Martínez, sus padres la inscribieron cuando tenía ocho años en la escuela que dirigía el sacerdote, a quien la congregación había puesto al frente de la institución pese a acumular al menos tres denuncias por pederastia. “¡Puta madre! Ellos sabían perfectamente que estaban poniendo un depredador sexual en mi colegio”, maldice la mujer de 36 años. “Además de abusar de nosotras, nos hacía ver los abusos a otras niñas”, cuenta.
La publicación en noviembre de la investigación interna que admitía los esfuerzos por ocultar los abusos sexuales en el colegio de la orden en Cancún ha creado una tensa situación entre una parte de la Iglesia mexicana con la Legión. La negativa de la congregación, hasta el momento, a expulsar al español Eloy Bedia, uno de los acusados de acallar las denuncias contra Martínez y recientemente ascendido, abre más dudas que certezas sobre el proceso de limpieza interna.
Para Saúl Barrales, a pesar de las décadas pasadas y de la muerte de Maciel, no es tarde para que la Iglesia reconozca lo ocurrido e indemnice a las víctimas. Esa es la batalla que ha librado desde hace 12 años. “Queremos ser reconocidos. Queremos que la Iglesia haga el esfuerzo de remover a sacerdotes que tengan inclinaciones a cometer abusos, queremos que, si se sabe que le han desbaratado la vida a alguien, como a mí, haya una restitución económica para poder vivir. El Vaticano sabía todas estas cosas, ¡es el colmo que no lo quieran reconocer!”. // El País
