En la última sesión de la Corte Suprema de Justicia de decidió excluir a todos los funcionarios públicos del padrón de abogados, no pudiendo ejercer así la profesión ni participar de elecciones del gremio.

De cara a las próximas elecciones, donde los abogados del país decidirán quienes los representen ante el Consejo de la Magistratura, se dio un giro que beneficia en especial medida a los denominados «pasilleros», quienes se dedican a ejercer la profesión en las distintas circunscripciones del país. Pues en todo este tiempo también los funcionarios públicos, dependientes de la justicia, estaban incluidos en el padrón de electores y eso propiciaba a un monopolio a la hora de elegir autoridades.

Los representantes de abogados en el Consejo de la Magistratura eran funcionales a la estructura de funcionarios de justicia, en especial de aquellos quienes concursan por algún cargo. Esta situación no permitía que aquellos quienes ejercen la profesión día a día por los pasillos, tengan un representante genuino, pues los mismos jueces y fiscales influían en sus funcionarios a que hagan campaña por tal o cual candidato, asegurando así su «rekutu».

Otra preocupación del gremio es que varios funcionarios públicos seguían ejerciendo la profesión a pesar de la prohibición existente para los mismos. Con esta medida, se depura el padrón y solamente quedan habilitados para ejercer la profesión y elegir autoridades, los abogados no dependientes del estado.