Un grupo de padres de alumnos del colegio privado de Lambaré, donde un niño de 6 años sufrió un abuso sexual, apoyan la decisión de la institución de cancelar las matriculas a los hijos de los tutores que se movilizaron tras salir a la luz el caso.
El colegio privado de Lambaré informó, a través de un comunicado, que luego de un «minucioso análisis» y a raíz de los episodios de conductas agresivas y violentas en contra de funcionarios y docentes de la institución, se «tomó la difícil decisión» de no renovar la matrícula para el curso lectivo 2023 a cinco familias.
Desde el centro educativo alegaron que se trataban de faltas graves que no son compatibles con los valores institucionales que profesan.
La medida derivó en la intervención del Ministerio de Educación, mientras que el colegio refiere que del total de familias a las cuales no se ha dado la renovación de matrícula, el 86% corresponde a situación de morosidad, por lo que una vez que se pongan al día podrán matricular sin inconveniente alguno.
En ese contexto, un grupo de padres de alumnos de esta institución emitió un comunicado en el cual expresa “apoyo y respaldo total” a la decisión adoptada por el colegio privado.
Los padres firmantes señalan que la institución educativa dispone de un reglamento interno, el cual establece claramente cuáles son las faltas graves y muy graves cometidas por los miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, hacen mención a que el colegio se rige por sus propias reglamentaciones, las cuales son acordes a las normas nacionales y a las disposiciones del Ministerio de Educación.
Más detalles
La Fiscalía inició una investigación y se logró identificar a cuatro presuntos autores, alumnos del colegio, de entre 12 y 13 años. Sus identidades fueron remitidas al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para que se apliquen los mecanismos correspondientes.
Poco después, se confirmó un segundo caso de abuso sexual que ocurrió antes del primero denunciado y no se descartó la participación de los mismos alumnos identificados por los investigadores.
El caso derivó en la detención e imputación de la directora, la coordinadora y una docente por el hecho punible de violación del deber del cuidado, mientras que la directora fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/2019.
Las tres docentes guardan arresto domiciliario.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
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