El Juez Penal de Garantías de Caaguazú, Ángel Rafael Baranda, ordenó la libertad de campesinos de la zona de Guahory en poder de quien fue hallado armas de grueso calibre. Aceptó una fianza de G. 10 millones. La decisión habría asumido supuestamente tras la presión de legisladores y obispo.
El presidente de la CAP (Coordinadora Agrícola del Paraguay), Hermes Aquino, afirmó ayer que los productores se sienten indignados porque aparentemente existe una “justicia pronta y barata para los bandidos”, mientras la gente trabajadora del campo vive en zozobra.
Hizo referencia a la libertad provisoria, previo pago de fianza, otorgada por el juez Baranda a Carmelo Torres Núñez, imputado por portación ilegal de armas de fuego y producción de riesgos comunes en Tembiaporã. En poder de Torres, la Policía encontró e incautó el domingo pasado un arma de fuego tipo rifle, marca “Savage Axis”, calibre 223, de procedencia USA, con mira telescópica, más un cargador y dieciocho cartuchos sin percutir del calibre 5.56; también un revólver “Rossi”, calibre 38, niquelado, de origen brasileño, con tres cartuchos vivos sin percutir y dos vainillas servidas y percutidas en los alveolos.
Al respecto, el presidente de la CAP, cuestionó duramente la actuación del juez, quien según los datos es conocido en la zona por beneficiar a procesados con frondosos antecedentes y en este caso, Torres tiene otras causas abiertas relacionadas al hecho punible de invasión de inmueble ajeno.
Para los productores, la situación de inseguridad ya se volvió insostenible, sobre todo después de los dos recientes asesinatos de colonos en Alto Paraná. Por eso, prevén realizar un “tractorazo” a mediados de este mes, con miras a exigir que la Justicia actúe en beneficio de la sociedad, conforme a derecho.
En repudio por la liberación de un imputado por portación ilegal de armas, productores de Caaguazú se manifestarán el 16 de noviembre. “Hay una psicosis de inseguridad, nadie quiere salir de su casa”, declaró a Abc Color.
Por otra parte, el presidente de la CAP acusó al varios políticos de apañar actos delictivos y comprar jueces. “Miguel López Perito, monseñor Juan Bautista Gavilán, el carpero de Efraín Alegre se pasan viniendo acá. El PLRA está metido, todos apoyan este tipo de actitudes. Es una organización casi lícita para delinquir, bandidos con protección de políticos mafiosos”, acusó.
En cuanto al desalojo de Guahory, Aquino manifestó que nunca se realizó, pues cuando ingresaron el juez y los abogados, los pobladores ya no se encontraban en el lugar. “Los bandidos se escondieron como ratas y el fiscal le retornó la posesión de las tierras al propietario. Acá en nombre del ‘aichinjáranga’ y la pobreza se hacen barbaridades”, lamentó.
Desde Prensa5, intentamos hablar con el Magistrado para conocer su versión sobre la publicación, pero no respondió nuestra llamada.
