Este 1 de agosto se recuerda otro aniversario del incendio del supermercado Ykuá Bolaños, que dejó cerca de 400 muertos y miles de familias afectadas.
Eran aproximadamente las 11:20 de la mañana, cuando se escuchó un extraño ruido en la cocina del patio de comidas, era el principio de una dantesca tragedia.
A partir de allí las llamas comenzaron a propagarse rápidamente, mientras cientos de clientes y empleados se encontraban en distintos sectores del local.
Las personas corrían desesperadamente hacia la salida principal, pero muchas de ellas iban quedando por el camino debido a la inhalación del denso humo que ya era visible en gran parte de la ciudad.
A esto se suma que los guardias del supermercado cerraron los portones supuestamente por orden del dueño, Juan Paiva, para evitar que los clientes salgan sin pagar, cuando en realidad lo único que querían todos era salvar sus vidas.
Bomberos voluntarios de diversas compañías llegaron para iniciar el rescate, un trabajo altamente demandante, pues además de la dificultad del tóxico ambiente, a su paso iban tropezando con una alfombra de cadáveres, entre los cuales había alguno que otro sobreviviente pidiendo auxilio.
La enorme tragedia dejó como saldo cerca de 400 fallecidos, unos 365 sobrevivientes y alrededor de 5.000 familias afectadas.
El propietario del Ykuá Bolaños, Juan Pío Paiva, fue sentenciado a 12 años de cárcel por homicidio doloso en grado eventual y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Sus abogados hoy piden la extinción de la causa.
El hijo, Juan Daniel Paiva, copropietario, recibió una pena de 10 años de prisión por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa acabada. El hombre ya se encuentra libre.
El guardia de seguridad, Daniel Areco, fue sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa acabada.
También habían condenado al accionista, Humberto Casaccia a dos años y seis meses de cárcel por exposición de personas a lugares de trabajo peligroso y al arquitecto Bernardo Izmachoviez a dos años, por actividades peligrosas por fallas en la construcciones. Además habían sentenciado a tres funcionarios municipales.
