Tres hermanos fueron rescatados de una vivienda de Pedro Juan Caballero, con signos de tortura. Las víctimas manifestaron que solo comían una vez al día y dormían en un establo con los animales.
Mediante una denuncia anónima se logró rescatar primeramente a dos niños de 11 y 9 años y, posteriormente, se entregó al hermano menor, de 6 años, quienes mostraban rastros de haber sido torturados, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.
Las víctimas son de nacionalidad brasileña y se encontraban bajo la custodia de su tía, una mujer de 26 años, quien se encuentra imputada y con pedido de prisión preventiva. También estaría involucrado un hombre de 40 años, pareja de la mujer y quien está prófugo.
En conversación con Última Hora, el juez de la Niñez y la Adolescencia, Elvio Insfrán, indicó que la madre de los niños se encuentra en Ponta Porá, Brasil, y aparentemente no tendría conocimiento de los hechos de torturas, ya que los niños por temor a los castigos no le contaban lo que sucedía.
El magistrado señaló que los dos menores fueron trasladados a un centro asistencial donde se pudieron observar los moretones y golpes que recibían los niños. “Al quitarse la vestimenta se constaron rastros de golpes en todo el cuerpo”, apuntó.
Asimismo, los hermanos declararon que eran constantemente golpeados con palos, mazos, cables, zapatillas. También eran sometidas a picana eléctrica, que son utilizadas para el caballo.
Mediante la declaración de una de las víctimas se supo que existía un hermano menor de 6 años, por lo que se procedió a un allanamiento a la vivienda, pero sin lograr dar con el menor de edad.
Finalmente, tras una conversación con el abogado de la familia, se entregó al menor en la madrugada de este viernes. “El niño tenía cortes en la cabeza y moretones en todo el cuerpo. Ellos refirieron que solo comían y no les daban de cenar. El lugar donde ellos vivían es donde estaban los animales”, mencionó el juez.
Los nombres de las víctimas y el supuesto autor se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.
