La semana pasada salió a la luz el millonario desvío de indemnizaciones que la ANDE concedió a familiares de dos trabajadores fallecidos, que solo recibieron un ínfima parte. Los afectados denunciaron el hecho y comenzó una investigación que está dejando al descubierto el esquema y los implicados. Ya son ocho los imputados.

La fiscal Norma Salinas hace días comenzó una investigación que tenía como único fin llegar al esquema y a todos los que participaron en el cobro irregular de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de G. 800 millones, para dos familias de trabajadores que fallecieron electrocutados.

Las averiguaciones del Ministerio Público sindicaron como principales sospechosos del millonario despojo a la entonces funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa y el abogado Darío Aquiles Flores.

A esa lista se suma Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta, pareja de la ex funcionaria y el padre, respectivamente. Todas estas personas fueron imputadas por apropiación, estafa y lesión de confianza.

La cantidad total del dinero otorgado por la ANDE a la familia de los trabajadores fallecidos, en concepto de indemnización, fue de G. 800 millones. De ese total, solo recibieron en conjunto la suma de G. 75 millones.

En el caso también fueron imputados funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la sede de Repatriación: Una cajera de nombre Mirian Colmán de Arce y el jefe del local, Armando Javier González. Ambos por los hechos punibles de apropiación y estafa en grado de complicidad.

También, se produjeron dos imputaciones más, pero sus identidades no fueron especificadas aún por parte del Ministerio Público.

Estas dos personas se suman a los otros cuatro imputados por el hecho punible de producción de documentos no auténticos, que fueron utilizados para la efectivización de los cheques emitidos por la ANDE.

Sobre el punto, en contacto con radio Monumental 1080 AM, Salinas detalló que son dos personas las que participaron activamente en el tema de la elaboración de poderes de contenido falso.

“Son dos personas (mujeres) que participaron activamente en el tema de poderes de contenido no auténtico y son personas cercanas a uno de los principales imputados (Darío)”, se explayó y detalló que se elaboraron tres poderes de contenido falso.

El tipo penal utilizado para encuadrar estos actos fue el artículo 246, que hace referencia al uso de documentos no auténticos con la intención de inducir al error sobre su autenticidad en relaciones jurídicas.

En ese sentido, estimó que ya no habrá más imputaciones, ya que todas las mencionadas son las personas que estuvieron directamente involucradas.

Seguidamente, refirió que la semana pasada salió una nueva normativa dentro de la ANDE que establece el pago directamente al afectado y en efectivo, de ser necesario.

“Cambiaron todas las formalidades luego de este caso tan sonado. El sistema por el cual se estaban liberando los cheques no tenía un control riguroso, quizás, pero hoy está cambiado luego de este penoso tema”, sostuvo.

La “mayor falencia” se dio en el momento del pago
A criterio de la fiscala, la mayor falencia que se dio fue en el momento del pago.

Mario León Caballero, escribano de Ybycuí, fue el que presuntamente otorgó el poder al abogado para que realizara el cobro del cheque no transferible que estaba a nombre de familiares de las víctimas fatales, oriundas de Caaguazú.

Sin embargo, el escribano negó haber realizado cualquier documento. En este punto, Salinas señaló que el hombre presentó un certificado médico alegando dificultades de salud debido a su edad, lo que le impediría haber redactado esos poderes.

Las víctimas también declararon que nunca se trasladaron hasta Ybycuí.

“Hoy llega a la Corte el pedido de quienes pudieron haber obtenido esas hojas de seguridad. Cuando se compran las hojas a nombre del escribano, alguien se hace responsable de esa compra. Entonces, la Corte Suprema va a tener eso”, remarcó.

Finalmente, la funcionaria desvinculada del Congreso y su pareja devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas, pero deberán devolver el total. Cada familia afectada recibió la suma de G. 300 millones.

“Otro caso puede explotar en las próximas horas”
Siguiendo con la conversación, la agente fiscal adelantó que “en las próximas horas puede explotar” otro caso con respecto a una indemnización de la ANDE.

“Todos ahora despertaron y empiezan a dudar de los profesionales a quienes les dieron un poder”, expresó sin dar mayores detalles.

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