El proyecto de ley que busca compensar a ex trabajadores que construyeron la Itaipú Binacional fue sancionado este miércoles por el Congreso Nacional. La normativa pasó a manos del Ejecutivo, donde ya manifestaron su oposición.
La Cámara de Diputados volvió a estudiar el documento este miércoles luego de haber sido postergado por más de un mes. La última vez que se intentó avanzar en su tratamiento, los colorados oficialistas y de la oposición dejaron sin cuórum el pleno.
Este miércoles, el bloque del cartismo insistió en su aprobación y con el acompañamiento de algunos votos liberales logró el cometido. Finalmente, el proyecto tuvo 57 votos a favor, 18 en contra, dos abstenciones y tres ausentes.
De esta forma, el proyecto de ley que pretende compensar a ex trabajadores de la Itaipú Binacional quedó sancionado por el Congreso Nacional y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Desde el Gobierno, el Ministerio de Hacienda ya manifestó su posición en contra, puesto que considera inviable la aplicación de la normativa. En el mismo sentido también se pronunció la Itaipú Binacional.
El Fisco ve impedimentos a nivel jurídico, financiero y social, puesto que la propuesta legislativa tendría un costo de USD 940 millones y contempla pagos a 15.000 personas y podría repercutir en la eliminación de royalties y Fonacide por al menos dos años.
El documento prevé una compensación y beneficios a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de la salud y educación de la usina de Itaipú, margen derecha.
La propuesta se presentó en la Cámara de Senadores de la mano de sus proyectistas Abel González (PLRA), Gilberto Apuril (PPH), Fulgencio Kencho Rodríguez (FG) y Enrique Riera (ANR).
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) calificó como «desafortunada» la iniciativa, ya que desde el punto de vista jurídico la propuesta legislativa crearía una jurisprudencia nefasta para todas las empresas del país, porque abriría la posibilidad del reclamo de derechos prescriptos.
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