El licenciado Rodrigo Marín, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Sanatorios Privados, informó que, por cuestiones burocráticas, los miembros del gremio siguen sin cobrar una deuda de US$ 40 millones del Ministerio de Salud por el servicio de cuidados intensivos para pacientes graves con COVID.
El vocero indicó que el 31 de diciembre del 2021 vencieron todos los convenios hechos con el Ministerio de Salud para que los pacientes del sector público puedan ser trasladados al privado, de modo a descomprimir los servicios de salud, en el marco de la pandemia.
“La deuda aún no fue honrada (en su totalidad). Recibimos un pago a finales del año pasado, pero eso no llega ni al 10% de la deuda. Todo el resto sigue pendiente. La deuda era cerca de 40 millones de dólares, de los cuales solo entre el 10 y el 20% se pagó. En mi sanatorio nosotros debemos cobrar más de 14.000 millones de guaraníes”, describió Marín, este miércoles.
Acerca del motivo de la falta de pago, el gerente general del Sanatorio San Roque indicó que se debe a los procesos burocráticos, ya que se estaban haciendo los pagos, pero que el fin de año ya no continuaron más, por lo que la deuda quedó flotante y este año debe reprogramarse nuevamente.
“Las cuestiones administrativas están trancando, porque el dinero ya está desde el momento en que se aprobó la ley para utilizar el fondo del Fonacide en esta deuda”, explicó en comunicación con “Dos en la ciudad” que emite el canal GEN y Universo 970 AM.
“Nosotros nos cerramos ante la posibilidad si es que nos plantean de nuevo un convenio”, advirtió acerca de la renovación del acuerdo. “hace rato que venimos advirtiendo que se venía una tercera ola de COVID y pedíamos que honren la deuda para que podamos estar preparados. Nosotros tenemos áreas respiratorias, pero son mínimas, no como para recibir a muchos pacientes”, agregó.
Marín sostuvo que en el caso de que alguna persona acuda a un sanatorio privado y quiera acogerse a las leyes de COVID, necesariamente deberán trasladarla a un puesto de salud público para que reciba la correspondiente atención, al no estar más vigente el acuerdo con el Estado. Caso contrario, los familiares del paciente deberán costear de sus bolsillos los montos de la internación.
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