Autoridades del Ministerio de Hacienda, y de Salud socializaron ayer con varios senadores el proyecto de Ley “Que aprueba el contrato de préstamo N° 8963-PY, por un monto de hasta US$ 115 millones”, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento del Proyecto de Fortalecimiento del sector público de salud, a cargo de la cartera sanitaria.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó que el proyecto financiará la construcción de 150 nuevas unidades de Salud Familiar (USF) y la rehabilitación de 114 USF existentes y 10 hospitales distritales; además de dotar de equipamiento médico, mobiliario, informático y de comunicación, así como actividades de capacitación de los trabajadores de la institución y demás personal del sector público de salud.
Detalló que de aprobarse el préstamo por parte del Congreso Nacional será ejecutado a través de tres componentes: inversiones para fortalecer la capacidad de prestación de servicios de las microredes públicas de atención primaria de salud, para mejorar el acceso a servicios de calidad a través de las líneas integradas de cuidados priorizados, además de administración y apoyo a la implementación del Proyecto. Mazzoleni adelantó que el
Por su parte, Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en representación del Ministerio de Hacienda señaló que esta iniciativa forma parte del plan nacional de desarrollo 2030 y que desde el punto de vista financiero el préstamo está otorgado bajo condiciones financieras fructíferas para el país. “Tenemos un plazo de 31 años, con ocho años de gracia, una tasa de interés variable, más un margen fijo de 1,6%”, explicó.
Adelantó que el proyecto ya fue girado a tres comisiones del Senado y que solicitan que sean analizados una vez inicie el periodo parlamentario ya que considera un préstamo muy importante y beneficioso para el país.
CUESTIONAN PEDIDO
Tras la reunión, la senadora Desirée Masi (PDP) argumentó sus objeciones al proyecto presentado, como el planteamiento de que el 27% del total que se pretende prestar sea destinado a gastos corrientes como mantenimiento, salario, capacitación o consultoría. “Este tipo de préstamos se tiene que destinar exclusivamente a inversión física”, indicó.
“Préstamos para inversiones físicas estamos de acuerdo porque sabemos que nuestro sistema tributario no da, pero este componente que generalmente suele ser 5% de gastos corrientes, 27% a nosotros nos parece que es mucho y quedamos en seguir discutiendo”, aseveró.
Acotó que cada vez se debe ser más estrictos con los préstamos ya que se está analizando la posibilidad de una ley para rescatar los bonos antes del año 2023.
Por otra parte, la legisladora cuestionó que se introduzca una estrategia que si bien funciona en otros países, se debe tener cuidado a la hora de aplicar. “Se introduce una modalidad que funciona en otros países que se llama pago por capacitación, es decir, se le paga a una unidad de salud de familia un dólar por la población atendida, pero qué pasa si las unidades van a tener ese incentivo y los centros de salud u hospitales distritales no”, manifestó.
