La Fiscalía presentó este lunes la segunda imputación contra el ex gobernador del Departamento Central Hugo Javier González y otras 49 personas, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.
La Fiscalía, a cargo del agente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Juan Ledesma, presentó imputación contra el ex gobernador del Departamento Central Hugo Javier González y otras 49 personas, por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.
Entre los meses de marzo de 2019 y diciembre de 2020, Hugo Javier, a través de 51 resoluciones, habría autorizado indebidamente las transferencias de recursos, por la suma total de G. 24.424.032.733, en concepto de aportes, con el aparente fin de financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la Gobernación; sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutar los proyectos formulados.
Se trata de una segunda imputación, puesto que Hugo Javier ya había sido imputado el año pasado por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por «obras fantasmas» de la Gobernación de Central.
Así mismo, pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, habría emitido las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de la Gobernación, informó la Fiscalía.
Autorización de transferencias
Las conclusiones favorables sobre la “viabilidad de los proyectos” emitidas por Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Armando Adolfo Soler Espínola, Fernando José Brítez Sánchez, o Víctor Basualdo Ramírez; las “verificaciones documentales” realizadas por José Manuel López Duarte; los “dictámenes jurídicos” emitidos por Édgar José Zaracho Quintana; y memorándums emitidos por Carlos Alberto Giménez Insfrán (hasta junio 2019) y Javier Marcelo Rojas Giménez (desde junio de 2019), “solicitando la emisión de la resolución de autorización de transferencia”, habrían sido utilizados a los efectos de simular el cumplimiento de todos los requisitos legales, cuando en puridad los mismos no habrían sido cumplidos.
Los documentos señalados, y que contendrían indebidamente conclusiones favorables tendientes a la autorización de los desembolsos, además, fueron utilizados como justificación y fundamento de las 51 resoluciones por las cuales Hugo Javier, en su carácter de gobernador del Departamento Central, autorizó las transferencias de recursos.
Hay evidencias
El fiscal indicó que en todos estos meses de investigación se cuenta con evidencias colectadas, que sugieren que existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave, atendiendo la importancia de los bienes jurídicos protegidos.
En igual sentido, resulta necesario el sometimiento de los imputados al proceso, considerando, además, que existen indicios suficientes para sostener, razonablemente, sobre su presunta autoría o participación en los hechos por los cuales fueron imputados.
Además de funcionarios, representantes de organizaciones civiles fueron imputados, como Cirilo Daniel Darmanas Flores y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, presidente y tesorero, respectivamente, del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, quienes efectivizaron ocho cheques por la suma total de G. 1.693.409.509.
Dicho monto fue desembolsado por la Gobernación para financiar ocho proyectos; sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados en su totalidad para ejecutar los planes, y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a la suma de G. 957.763.109.
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