El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lamentó la postergación del tratamiento del proyecto de ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores.
Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) lamentaron la postergación del tratamiento de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores.
En ese sentido, indicaron que la aplicación de la ley resulta urgente ante los constantes ataques y amenazas que enfrentan quienes ejercen la labor periodística en el país.
“Señalamos que no existen observaciones técnicas al proyecto que justifiquen esta nueva postergación, más aún cuando el texto fue trabajado de forma coordinada por asesores de diferentes comisiones del Senado, contando con dictámenes favorables”, recalcaron desde el SPP.
Asimismo, insistieron en que esta normativa busca proteger el derecho ciudadano a la libertad de expresión, apegándose plenamente a lo establecido en la Constitución Nacional.
“Expresamos nuestra preocupación ante la falta de interés de los actores políticos en una temática tan sensible, y ante la posibilidad de que esta postergación tenga por finalidad modificar el fondo del proyecto, desvirtuando su objetivo original”, recalcaron.
Cartistas decidieron postergar la ley
En medio de amenazas y ataques a periodistas por parte del crimen organizado, senadores oficialistas decidieron postergar la ley de protección, a pesar de su promesa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de impulsar la norma. Hay intención de no aprobar el proyecto o de dejar sin efecto la creación del mecanismo encargado de esta función.
Pese a que lleva años de ser estudiado, la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por iniciativa del cartismo.
Por expresiones de referentes, como el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, ya se venía anticipando la decisión política del oficialismo de no aprobar la normativa, o dejar sin efecto la creación del mecanismo que tiene la función de dar protección a los trabajadores de prensa y a los defensores, cuyas vidas sean amenazadas por su trabajo y sus denuncias.
Núñez atacó el aspecto constitucional de la ley, mientras que Dionisio Amarilla, senador liberocartista, alegó que la norma sería un privilegio. El jefe de bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, fue el encargado de pedir en la sesión que el proyecto sea postergado.
Bachi subrayó que las instituciones existentes son suficientes para hacerse cargo de la violencia, las amenazas y los atentados contra periodistas.
Sin embargo, el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, afirmó que no existe protección adecuada actualmente. “Es insuficiente, no hay protección real al ejercicio del periodismo y libertad de expresión”, aseguró.
Ortiz explicó que el proyecto no es inconstitucional, ya que el principio de que las personas son iguales ante la ley habla de la protección ante las desigualdades injustas. “Acá no hablamos de ningún privilegio, sino del riesgo que genera o la violencia que se genera contra un periodista por informar, lo que es una desigualdad injusta que debe ser atacada”, manifestó.
El oficialismo se había comprometido ante la Corte IDH a impulsar la ley de protección, tras la condena al Estado paraguayo por el asesinato de Santiago Leguizamón. “El Gobierno incumple su obligación internacional”, recordó Ortiz.
Solo en los últimos días, tres periodistas fueron atacados y amenazados, incluso con balazos a sus viviendas.
El proyecto
El proyecto tiene 41 artículos. El objetivo es cuidar la seguridad de periodistas y defensores en un contexto de riesgo. También se apunta a contar con una respuesta institucional frente a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El artículo 4 plantea la creación de un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, como un ente autárquico, con personería jurídica, derecho público, para el cumplimiento de obligaciones, además de recursos propios.
El ente deberá contar con una comisión de protección, que será la máxima autoridad, y una secretaría ejecutiva, como el órgano técnico.
