Pese a las dificultades que representan para Hacienda, unas siete instituciones ya solicitaron ante legisladores recursos para inflar el gasto salarial público. El tema causa preocupación en el Fisco.
El impacto que causó la pandemia en las finanzas públicas, con techos históricos de déficit fiscal y deuda para contener la crisis en lo sanitario y en lo económico, hará que el 2022 sea otro año de acotado margen de maniobrabilidad para el Tesoro Público.
La necesidad de sostener el crecimiento en Salud e ir retornando a la regla fiscal sin disminuir drásticamente la inversión en obras hicieron que el Ministerio de Hacienda no contemple dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) mayores aumentos en los gastos rígidos y menos aún en lo relacionado con las remuneraciones que percibe el plantel estatal.
Poco y nada importó esto a unas siete instituciones, que a contramano de los pedidos de austeridad reclamaron a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional más recursos para inflar el ya abultado gasto salarial público el año próximo. Se trata de la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, la Fiscalía, la Defensa Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
DETALLES. De acuerdo con las presentaciones hechas por esas entidades, los pedidos para aumentar el rubro de servicios personales llegan ya a los G. 325.201 millones (USD 46,5 millones aproximadamente) en apenas dos semanas desde el inicio de las audiencias informativas.
Las solicitudes van desde más fondos para la creación de cargos y las regularizaciones de puestos, hasta equiparaciones y reajustes salariales de entre el 4,5% y el 10%. Los que reclamaron mayores ampliaciones para inflar su gasto salarial son la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia, entes muy cuestionados por su ineficiencia y las constantes sospechas de corrupción (ver datos en la infografía).
EQUIVALENCIA. Si se tiene en cuenta que alcanzan USD 140 millones los pedidos generales de ampliación, que contemplan además otros rubros como inversiones, servicios no personales o compras varias, se concluye que el 33% de ese total corresponde a gastos salariales. El escenario es aún peor si se considera que, a excepción de la Defensa Pública, las solicitudes son para incrementos con Fuente 10; es decir, con recursos que provienen del cobro de impuestos.
//Última Hora.
