La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar este lunes a la medida cautelar solicitada por la Entidad Binacional Yacyretá, para evitar que la Contraloría General de la República audite sus fondos.
La Sala Constitucional hizo lugar a la suspensión de los efectos de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 6763/2021, que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad planteada.
La Sala Constitucional se encuentra integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel y Víctor Ríos.
Desde la Contraloría General de la República habían informado que ni la Itaipú ni Yacyretá rindieron cuentas sobre el uso que les dieron a los recursos denominados Gastos Sociales. Yacyretá había presentado su informe solo del 2020, mientras que Itaipú ninguno.
La incertidumbre es si en realidad irán los gastos sociales de este año exclusivamente para salud, según la ley aprobada en el 2021, ya que se teme que los recursos sean utilizados para las internas partidarias de este año por parte del oficialismo colorado.
Las binacionales no rindieron cuentas sobre el uso que se les dio a los recursos del año 2021, pese a que la ley señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, remitirá un informe bimestral detallado a la Contraloría General de la República y a la Comisión Bicameral del Congreso, de carácter transitorio, para el control de los recursos”.
Se calcula que lo generado en concepto de gastos sociales de las binacionales anualmente supera los USD 150 millones, en tanto que G. 135.000 millones fue lo que Yacyretá rindió a la Contraloría sobre el uso de gastos sociales del 2020. Un remanente de USD 30 millones fue lo destinado de los gastos sociales a Salud en el año 2021.
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