Con cuánto dinero se cuenta en concepto de gastos sociales de las binacionales es una información desconocida a la que solo tienen acceso los directores y el presidente, debido al manejo oscuro que siempre tuvieron los distintos gobiernos, pero la nueva norma sancionada es un avance que permite la transparencia de estos recursos y, a la vez, podrá contrarrestar la crisis en la salud, por lo que los diputados opositores pidieron a Mario Abdo Benítez su promulgación con urgencia.
Se calcula que anualmente se generan USD 150 millones como fondos de responsabilidad empresarial entre Itaipú y Yacyretá y el proyecto de ley sancionado dispone que estos recursos sean destinados íntegramente a la compra de insumos, medicamentos y todo lo que se necesite en el sistema de salud mientras dure la pandemia.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González reconoció que seguro ya existe una parte que fue ejecutada. “La ley no es retroactiva, la camioneta que se compró ya está. Las casas de directores que se mandaron remozar ya están, y seguro muchos otros costos más”, lamentó.
Sin embargo, indicó que se espera, tras la reglamentación, saber con cuánto se cuenta. “Tras la reglamentación, tendríamos que conocer con cuánto dinero se dispone a partir de ahora y ya el año que viene se destinaría el total seguramente, pero eso es materia de reglamentación”, aclaró.
Igualmente, señaló que desde la oposición insistirán en que esto se cumpla. Detalló que son responsables los ministerios de Hacienda y Salud y las binacionales. “Obviamente tenemos que tener planificación, los técnicos del Ministerio de Hacienda en su momento tendrán que informar qué se hace y cómo se gasta, igual que Salud, y eso sobre la base de cuánto dinero se tiene”, sostuvo.
Las binacionales nunca fueron auditadas y esta norma podría sentar un precedente para que, una vez que termine la pandemia y, por ende, la vigencia de la ley, se puedan transparentar.
Se expidieron pidiendo la promulgación con urgencia los diputados de Patria Querida, como Rocío Vallejo, y los liberales, como Édgar Acosta.
Los gastos sociales históricamente fueron usados por colorados en prebenda, ya que no están controlados. Con este proyecto, deberán ser transparentados por primera vez.
Siempre hubo resistencia del Partido Colorado para su control, pero mediante el voto de cuatro cartistas a favor del proyecto (Néstor Ferrer, Roque Sarubbi, Fernando Ortellado y Tadeo Rojas) y uno en abstención (Miguel del Puerto) se logró que sea sancionado.
El diputado Walter Harms confirmó que hubo fugas porque siete estaban en contra de la decisión de bancada, pero dos decidieron respetarla, mientras que los demás pidieron permiso para votar en disidencia.
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