Dos familias afectadas por la trágica muerte de dos trabajadores por descarga eléctrica, acusaron a un abogado y una gestora de apropiarse indebidamente de una indemnización de 800 millones de guaraníes por parte de la ANDE.

La localidad de Jaguakai, del distrito de Caaguazú se encuentra en el ojo de la tormenta tras el trágico accidente que costó la vida de dos trabajadores, Mariano Ramírez Casco y Antonio Acosta Contreras, a causa de una descarga eléctrica provocada por la caída de un tendido de media tensión. Este lamentable suceso, ocurrido el 2 de agosto, desató una serie de acusaciones sobre el manejo de las indemnizaciones por parte de la ANDE, dejando a las familias afectadas en una situación de desamparo.

Al respecto, la señora Juana Honorina Casco de Ramírez, madre del difunto Mariano, se vio envuelta en un proceso legal que, según su denuncia, fue manipulado por quienes se presentaron como sus aliados. Su vecina Anadelia Acosta Armoa se ofreció a ayudar en la gestión del reclamo de indemnización, presentando al abogado Darío Flores Mendoza, como su representante legal. Ambas familias, confiando en su buena fe, firmaron varios documentos sin entender completamente su contenido.

El acuerdo con la ANDE resultó en un desembolso de 400 millones de guaraníes para las familias afectadas, pero a la familia de Mariano solo se le entregó 30 millones tras deducir 10 millones que, supuestamente, fueron destinados a honorarios legales. La velocidad con la que ANDE realizó el pago, en solo 45 días, contrasta con la confusión que enfrentaron las familias respecto a los términos del acuerdo.

“Trajo 40 millones, se llevó 10 y me dejó solo 30. Nunca pensé que una vecina haría algo así, aprovechándose de mi situación”, lamentó doña Juana en una entrevista con Caaguazú Digital.

Investigaciones hechas por el mencionado medio de comunicación destaparon un escándalo aún mayor: ANDE emitió dos cheques “intransferibles” por un total de G. 800 millones, que fueron cobrados presuntamente por el abogado Flores Mendoza sin el conocimiento de las familias. Según los informes, se utilizó un “poder especial” que no cumple con los requisitos legales para ser válido, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso.

Los testimonios indican que los cheques fueron cobrados en una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) sin las debidas verificaciones. La situación llevó a los familiares a exigir justicia, pidiendo a la fiscalía que actúe contra los presuntos involucrados en este caso de apropiación.

Hasta el momento, se estima que un total de G. 725 millones fueron indebidamente cobrados, y los denunciantes afirman que Anadelia Acosta ha adquirido bienes significativos poco después del suceso.

Por su parte, los acusados estarían intentando llegar a un acuerdo con las familias, ofreciendo una suma de G. 80 millones para evitar acciones legales, una propuesta que los familiares consideran un intento de coacción.

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