La crisis de la Cooperativa Poravoty Ltda. se cobró una nueva víctima. El vocero de los afectados, José Doldán, confirmó el fallecimiento del cuarto socio estafado, atribuyendo el deceso al fuerte impacto emocional y económico que sufrieron cientos de ahorristas tras la pérdida de sus fondos.
“Lamentablemente recibimos la noticia del cuarto fallecimiento. Esto es a raíz de la preocupación por todo el dinero que la gente depositó con confianza y hoy no puede disponer. Eso lleva a infartos, problemas cardíacos, nervios, conflictos familiares y muchas otras cosas”, expresó en entrevista con GEN.
Doldán cuestionó la actuación del fiscal Óscar Delfino, encargado de la causa. “Estamos esperando que pueda ya darnos una mano con las imputaciones. Este caso debería ser derivado a Delitos Económicos, donde están los profesionales en informática, finanzas y peritajes. Vemos que le está quedando grande al fiscal”, advirtió.
El vocero recordó que muchas de las víctimas son jubilados y adultos mayores que dependían de sus ahorros para medicamentos y tratamientos. “Imaginate tener este problema encima y además problemas de salud. Es imposible sostener esta situación”, lamentó.
El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Carlos Romero Roa, había explicado que Poravoty se encuentra en proceso de liquidación desde enero de 2025, tras detectarse graves irregularidades en su administración.
Según los datos del Incoop, la cooperativa cerró al 30 de junio con pérdidas de G. 295 millones, monto muy superior a sus activos, lo que evidenció un manejo deficiente. Entre los hechos llamativos figuran la compra de armas, adquisición de propiedades con valores inflados y créditos simulados.
Aunque la cooperativa no está cerrada, tiene prohibida la captación de ahorros y la concesión de créditos, manteniendo solo el cobro y devolución de fondos bajo supervisión de dos funcionarios del Incoop.
Actualmente, cerca de 2.300 socios se encuentran afectados, de los cuales 660 tenían depósitos a plazo fijo, que representan el 85% de los ahorros totales. Doldán precisó que en realidad solo unos 200 ahorristas pueden reclamar formalmente, ya que muchos tenían depósitos en negro.
La cooperativa fue fundada en 2011 por miembros de la familia policial —oficiales en servicio y retirados— y con el tiempo amplió su base de socios civiles.
