Un motociclista fue detenido tras una persecución policial por hacer piruetas sobre la ruta PY08. Sin embargo, los agentes fueron querellados por un tercero, quien habría intentado impedir el procedimiento y ocultado la motocicleta.
El procedimiento se realizó en junio pasado, tras una persecución que se inició en Liberación y culminó en una estación de servicios de la ciudad de General Resquín, todo en el Departamento de San Pedro.
A pesar de que el joven fue imputado por exposición al peligro, los policías intervinientes fueron querellados por presunto “atropello de domicilio”, lo que genera preocupación entre los uniformados.
Un motociclista –identificado como Daniel Añazco Cardozo– fue detenido el pasado 15 de junio por realizar peligrosas maniobras sobre la ruta PY08, anteriormente conocida como Dr. Blas Garay, en un tramo comprendido entre las localidades mencionadas.
El joven habría estado realizando piruetas y desplazamientos temerarios sobre la transitada vía, poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también la de terceros.
Del poder del detenido fueron incautados varios proyectiles calibre 22 y G. 500.000 en efectivo, mientras que la persecución fue por unos 20 kilómetros.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría Jurisdiccional de Liberación, quienes iniciaron una persecución al motociclista, tal como se observa en un video que circula en redes sociales.
El seguimiento se extendió hasta que el joven ingresó a una estación de servicios en General Resquín, donde finalmente fue detenido.
Sin embargo, lo que debía ser un operativo exitoso derivó en una situación judicial inesperada, ya que al momento de la detención, un hombre identificado como Uberto Siemens Brizueña, quien sería hijo del propietario del servicentro, irrumpió en la escena, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes.
Según la denuncia policial, esta persona exigía la liberación inmediata del detenido e incluso advirtió que “haría trasladar” a los uniformados al Chaco.
Del poder del detenido fueron incautados varios proyectiles, pero según los intervinientes, el hombre arrojó su revólver en el patio y no se pudo encontrar, al igual que la motocicleta que guardó el dueño en una habitación.
El joven motociclista fue puesto a disposición del Ministerio Público y la fiscala Lilian Ruiz ordenó su imputación por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre.
No obstante, días después, el propietario de la estación de servicios presentó una querella contra los intervinientes, acusándolos de “atropello de domicilio” por presuntamente haber ingresado sin autorización al predio privado para efectuar la detención y pide G. 100 millones a cada uno de los tres policías para llegar a un acuerdo.
Los agentes policiales niegan rotundamente tal acusación, señalando que solo cumplieron con su deber ante una flagrante transgresión a las normas de tránsito.
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