El ministro de Educación, Eduardo Petta, reconoció que a nivel país hay 216 aulas “en crisis”. Afirmó que planean instalar en esos lugares aulas móviles, ya que las obras de refacción se ven frenadas por “chantajes” de fiscalizadoras para cobrar más.
“(Hay) 216 aulas en crisis, rojo. Yo no te voy a mentir. En todo el país, 216 que están como en Tacuatí y se hizo el llamado de urgencia, porque si vas a empezar a terminar esto, van a terminar en mayo, junio o julio y mientras tanto (dan clases) bajo árboles. Tenemos que dignificar a nuestros niños y ponerles el aula prefabricada”, dijo el ministro Petta.
Sobre la capacidad de cubrir con las aulas móviles la carencia, dijo que para marzo recién se tendría el 100% de lo que se necesita. Para el 21 de febrero, día previsto para el inicio de clases, «por lo menos, en mi exigencia, 90 tienen que estar terminadas. Para marzo tienen que estar terminadas las 216», dijo.
Explicó que el problema no es que no se previó la reparación de estas aulas, sino que se iniciaron las obras y luego hubo «inconvenientes» entre las constructoras y las fiscalizadoras de obras, que como una especie de chantaje solicitaron más dinero para culminar los trabajos.
“Yo no me voy a dejar apretar por una empresa que me pide una adenda. Y vamos a rescindir (el contrato) y faltan 6 días para que se termine el plazo de rescisión y ya tenemos el plan operativo de reemplazo de aulas prefabricadas”, afirmó el ministro, indicando además que no se “prestará” al chantaje de las empresas que buscan cobrar hasta 20% más por hacer su trabajo.
«Las constructoras ponen las bases de un aula y yo (fiscalizadora) tengo que certificar por esa base y ahí la constructora se va y cobra. Entonces empezaron a tener conflictos entre ambos y ahí se dilató, se dilató y se dilató y empezamos con los problemas de que la obras avanzaban lentas por falta de fiscalización. Se echaban la culpa entre ambos y nos sentamos con los dos sectores y nos encontramos con una situación donde el fiscalizador le decía al MEC: ‘Yo quiero 20% más si querés que te termine de fiscalizar’. Una adenda», explicó.
Ante esta situación irregular, el MEC, avalado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), decidió no hacer lugar a la «extorsión» y aplicará la rescisión del contrato para posteriormente reclamar legalmente el incumplimiento./Abc Color
