El Ministerio de Justicia emitió una alerta máxima en cárceles de todo el país ante posibles nuevos motines, después del que ocurrió en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde siete internos murieron. Directores y jefes de los penales están tomando las medidas pertinentes para evitar un nuevo disturbio.
Luego del sangriento episodio ocurrido el martes en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que fue protagonizado por internos, se decidió emitir una alerta máxima en las cárceles de todo el país.
El viceministro Rubén Maciel Guerreño sostuvo este viernes que el motivo se debe a que reclusos de la mencionada cárcel mantienen contacto con otros centros penitenciarios.
«Por esta razón todo directivo y jefe de seguridad ya están tomando medidas al respecto, para evitar una situación que pueda causar disturbios o que pueda afectar a la vida o integridad física de la persona privada de libertad», explicó.
Recalcó que lo principal para el Ministerio de Justicia es salvaguardar la integridad física y la vida de los reclusos, ya que son personas que están bajo custodia del Estado.
Asimismo, explicó que por el momento ya se planificaron varias acciones en relación con el pabellón donde se registró el motín en Tacumbú. Dijo que lo importante es evitar que se materialice un plan de fuga.
«El traslado de esta persona, Orlando Efrén Benítez, se dio sobre la investigación de un posible plan de fuga, que él estaría planificando incluso financiando un plan masivo de Tacumbú. Todo confirma que aparentemente es real», reforzó el viceministro.
Varios lugares quedaron destruidos en la cárcel de Tacumbú, con las rejas arrancadas y otros destrozos que se dieron durante el amotinamiento, en el que se produjo la quema de colchones y hubo enfrentamiento con armas blancas de fabricación casera, en el sector al que los internos llaman Camboya o La Jungla.
Acerca de las causas del brutal enfrentamiento, todavía no se tiene una versión oficial.
Sin embargo, a partir de videos que fueron difundidos se puede atribuir el hecho al Clan Rotela, grupo criminal de origen paraguayo que sería responsable de las siete muertes, tres de las víctimas decapitadas.
Las personas fallecidas fueron identificadas como Francisco Vargas Leiva, procesado por hurto agravado; Carlos Raúl Casco Rojas, procesado por hurto agravado; Fernando Ortiz Echeverría, procesado por hurto agravado; y Julio César Shareamm Barrios, procesado por robo agravado.
Asimismo, Alcides Ramón González González, procesado por robo agravado; Julio César González Cáceres, condenado a 27 años por homicidio doloso, y Roberto Ríos, condenado a 9 años por robo agravado.
Se presume que el motivo de los desmanes fue el traslado de Orlando Efrén Benítez de Tacumbú a la Agrupación Especializada. El hombre habría estado trabajando en un plan de fuga que finalmente fue filtrado y llegó a oídos de las autoridades.
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