La vida de Fidelino Benítez se volvió un calvario desde que entró a la red de víctimas de la mafia de los pagarés. Por una deuda ya pagó cuatro veces más y se le sigue descontando su salario. Actualmente, sobrevive con apenas G. 400.000 al mes.
Nervios, frustración y desesperación. Son algunos de los sentimientos que a diario tiene Fidelino Benítez, un humilde barrendero de la Municipalidad de Asunción. Es otra de las víctimas del sonado caso de la mafia de los pagarés.
Su tormento inició en el año 2018 cuando adquirió un crédito a través de un usurero, que en aquel entonces, era su compañero de trabajo en la Comuna. Pese a devolver el monto prestado tiempo después, Benítez nunca recibió el recibo de los pagarés.
El prestamista, actualmente un funcionario jubilado, entregó ese documento a un abogado identificado como Raúl Alfredo León Paredes, quien promovió dos juicios contra el trabajador en el Juzgado de Paz de Trinidad.
Desde ese momento, a través de medidas judiciales, a Fidelino Benítez se le comenzó a descontar sus salarios. “Las cuotas fueron de entre G. 700.000 y 900.000”, indicó el funcionario municipal.
De acuerdo a los documentos accedidos por Telefuturo, el primero de los embargos se terminó de pagar en julio de 2020 y el segundo en octubre de 2022.
Posteriormente, el pagaré fue a parar a manos de otro abogado, de nombre Mauro Florenciañez, quién volvió a promover otros dos juicios, pero ésta vez, en el Juzgado de Paz de Fernando de la Mora.
Don Fidelino volvió a cumplir ese primer embargo en setiembre de 2023, pero el cuarto juicio que se le abrió sigue vigente. En ese último, fue condenado a devolver más de G. 14 millones.
“Realmente estoy en la quiebra, tengo una familia, hijos. Todos los días me genera nervios, mucha rabia. Tengo 31 días de trabajo y me sobra solo G. 400.000 al mes. Solo con eso vivo. Un día se puede comer otro no. Me siento muy estafado”, afirmó entre lágrimas.
El esquema de la mafia de los pagarés ya se cobró muchas víctimas que hasta el día de hoy siguen luchando en la búsqueda de justicia y de poder terminar con el calvario que significa el descuento mensual de sus salarios de manera injusta.
La Cámara de Senadores conformó una comisión especial para investigar este caso. Hasta el momento, se logró identificar a más de 700 víctimas. De todos los preguntados, solo el 1% recibió notificaciones en su demanda.
La Fiscalía ya imputó a 63 personas, entre ellos, a jueces, actuarios y abogados, quienes integrarían la organización delictiva conformada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso.
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