El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, rechazó la impugnación contra la confirmación del equipo de fiscales designados para investigar la causa conocida como “la mafia de los pagarés”. Tras la resolución, los investigadores imputaron a seis personas, entre ellos un juez de paz.
Los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, integrantes del equipo de trabajo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron imputación contra el juez de paz de Catedral, Primer Turno, Gustavo Villalba; el actuario Aaron Valdez, los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Rene Montiel, el abogado Alejandro Valiente, en representación de la empresa Credisolución SAECA, y el oficial de justicia Ronald Navarro.
Según las pesquisas, el juez Villalba habría firmado 88 resoluciones judiciales atentando contra el derecho a la defensa en juicio de toda persona, a fin de facilitar o agilizar los trámites procesales, presuntamente, en complicidad con el actuario Aaron Valdez y los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Montiel.
Los datos fueron obtenidos tras un allanamiento realizado por el equipo de fiscales el pasado 10 de febrero, en la sede del mencionado juzgado de paz, de donde se incautaron 263 expedientes, de los cuales 88 tenían relación con la causa investigada, indicaron fuentes del procedimiento.
Según la investigación, en estos expedientes se habrían dictado resoluciones “facilitando el avance de juicios preparatorios de acciones ejecutivas sin la notificación a los demandados”, señala el acta de imputación.
Las diligencias, de acuerdo a las pesquisas, habrían sido informadas como realizadas por los ujieres notificadores, cuando en realidad no hubo tal notificación. De esta situación, supuestamente, estaban en conocimiento el abogado de la firma investigada, el actuario judicial y el propio juez.
En cuanto al oficial de justicia, se le atribuye haber informado la ejecución de mandamientos de embargo en cuatro expedientes distintos, en el mismo horario y en ciudades diferentes, hecho que configuraría la falsedad documental.
Se presume que los mismos integran una organización delictiva conformada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso.
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