Una docente, víctima de la mafia de los pagarés, relató el calvario que vive desde 2016, cuando firmó un documento por G. 1 millón para comprar a crédito un horno microondas. Años después de su denuncia, la deuda trepó a montos siderales. Ya pagó G. 78 millones, como consecuencia de un esquema ideado por abogados, jueces y otros representantes de la Justicia.
Liz Prieto, una docente, que fue víctima de la mafia de los pagarés, compró un horno microondas por G. 1 millón y años después, su deuda trepó a G. 3.000 millones. Su historia es de las más desgarradoras.
La docente pide que su caso no quede impune y afirma que no podrá pagar la deuda acumulada.
En el 2016 le ofrecieron el electrodoméstico y firmó un pagaré para abonar en 12 cuotas. Sin embargo, la deuda no paró de crecer debido a un sistema fraudulento por el que están investigados jueces, ujieres y otros actores de Justicia.
La mujer denunció una red de corrupción judicial que fabrica juicios, repite boletas y embarga salarios a trabajadores. Pese a las denuncias, la maestra no fue escuchada.
“Yo dije que me iba a preparar, que iba a tener títulos encima de mí; me creía tan inteligente, pero al mismo tiempo dije que fui tan ignorante al ser víctima de esta mafia. Con 43 (años) ya estoy con tratamientos cardiológicos”, lamentó.
Liz Prieto y otras víctimas llegaron hasta la Cámara de Diputados para solicitar una investigación y que se inicie juicio político a los jueces involucrados.
Manifestó que su sueldo le fue embargado en complicidad con los representantes de la Justicia y que solamente recibe G. 1.600.000 al mes.
“Tengo que jubilarme 20 veces para pagar un horno microondas. Nos toca el estómago y el bolsillo. Es muy doloroso. G. 78 millones ya pagué y todavía hay varios embargos. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ‘Tengo embargos. No te voy a dar de comer’. Esto es muy doloroso”, Liz Prieto, docente y víctima de la mafia de los pagarés.
Modus operandi
El Ministerio Público sospecha que se tejió una red delictual entre jueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados representantes de diferentes empresas de cobranzas, que realizaron demandas y llevaron adelante estos juicios que derivaron en descuentos compulsivos de salarios a través de embargos. Los afectados son, en su mayoría, docentes.
La Comisión Especial del Congreso que investiga la trama de la mafia de pagarés en el Senado ya recibió más de 6.000 denuncias de personas que alegan ser víctimas; varias de ellas aseguran que sus cédulas de identidad fueron adulteradas.
Indagando caso por caso, se descubrieron fallas desde las propias instituciones del Estado, incluyendo el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el sistema del Poder Judicial. Ya son casi 150 las casas de cobranzas denunciadas.
Las investigaciones también incluyen a casas de cobranzas, que en su mayoría –en un acuerdo con los bancos– descontaba de manera automática a las víctimas de supuestos créditos que sacaron o compras de electrodomésticos que hicieron. Para descontar presentaban a las entidades bancarias las autorizaciones de débito de las personas, pero estas estaban sin firmas y sin fecha.
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