El abogado Jorge Rolón Luna, quien inició con las denuncias por la mafia de los pagarés, cuestionó que los involucrados, entre ellos, ujieres, jueces, abogados de empresas de cobranza y los propios dueños, no estén imputados por asociación criminal y solo por hechos menos graves.
El abogado Jorge Rolón Luna habló en Monumental 1080 AM sobre cómo inició con las denuncias por la mafia de los pagarés, tras ayudar a una amiga y darse cuenta de que había todo un esquema detrás. Dijo que en ese caso, la madre jubilada tenía embargos, pero había sufrido un accidente cerebrovascular y ya ni podía firmar desde hace años, pero se fraguaron pagarés, las notificaciones y hasta los testigos.
En ese sentido, dijo que de cada 10 personas con las que hablaba, siete habían tenido un problema con pagarés.
Entre tanto, habló sobre las imputaciones y los pedidos de suspensión del procedimiento a ujieres por haber confesado o ayudado en la investigación. Para el abogado, esto no debería aplicarse porque las expectativas de penas son superiores a los dos años y se da solo cuando el delito es de bagatela, cuando hay reparación a la víctima y asistencia de la víctima.
“Los ujieres muchos están imputados por prevaricato en calidad de cómplices, el juez es el que comete, la pena es hasta cinco años, y en casos especialmente graves, podrá ser elevada hasta 10 años. Abogados, con formación jurídica, que hacen un juramento y realizan este acto sostenido en el tiempo, este es un caso especialmente grave. Van a salir caminando todos y mañana se van a estar postulando para un cargo de Justicia, porque son todos parte de un equipo político”, recalcó.
“Si esto no es asociación criminal, ¿qué es?”
Asimismo, señaló que desde el primer momento viene insistiendo en que los involucrados, incluyendo dueños de empresas, jueces y ujieres, deben ser imputados por asociación criminal. “Si esto no es asociación criminal, ¿qué es?”.
También sostuvo que no se trata de una actividad de meros abogados emprendedores que visionaron el negocio a espaldas de los dueños de estas empresas, ya que es imposible en términos contables que no se den cuenta, ya que se registra el ingreso de pagarés y también su cobro.
“Son políticas de la empresa, le llaman al deudor, usted debe tanto, con los intereses son tanto, y usted se salva de la demanda con este descuento. La persona pagaba para luego enterarse de que ya había sido demandada y luego de pagar, el juez recibía la orden para el cobro del dinero”, detalló.
Derecho Penal selectivo
Entre tanto, sostuvo que el Derecho Penal es selectivo en esencia y basta con ir a una cárcel para ver quién está preso, en este caso, las personas que no tienen medios ni tienen abogados para influir en los fallos en el sistema de justicia.
“Vemos en muchos casos fiscales que parecen que son abogados de los imputados, abusos, violencia doméstica, la mafia de los pagarés”, cuestionó.
Rolón Luna señaló que muchos de los ujieres y actuarios pasaron todos por el centro de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y que hay una mezcla de gremialismo con lo político y clientelismo, con personas que ocupan cargos en el Consejo Directivo de Derecho UNA, la Magistratura y con tentáculos en el Sistema de Justicia.
“En actos públicos (Jorge) Bogarín decía que iban a poner el pecho por ellos (ujieres), ni siquiera van a ir a juicio y ya lo estamos viendo. Van a volver al sistema, tenían 22 años y ya eran corruptos y se muestran públicamente en el cumpleaños de Basilio Núñez, Jorge Bogarín”, cuestionó,
Actividad millonaria y en las narices de la Corte Suprema de Justicia
El profesional sostuvo que esto pasó en las naríces de la Corte Suprema de Justicia por años y que no pidieron la renuncia de sus auditores, que supuestamente no notaron expedientes sin notificar, órdenes de embargo, intimidaciones de pago, que no había ni siquiera una fotocopia del pagaré, que los ujieres notificaron 50 casos en un día y hasta en Argentina, que tiene que hacerse por exhorto.
“En un juzgado, de 500 notificaciones, siempre era el mismo testigo. Cosas horripilantes que era imposible no verlas. Hay intereses que se vinculan a los propios ministros de la CSJ”, recalcó, recordando que el hermano del presidente de la CSJ, César Diesel, forma parte de una de las empresas más grandes de cobranzas que es Carsa.
“La empresa entregó voluntariamente, porque la Fiscalía no se animó a realizar un allanamiento”, criticó el abogado, en referencia al ministro Diesel y su hermano Óscar Diesel.
Para el letrado, se trata de un esquema, un negocio que produce ganancias anuales de millones de dólares y que para que eso pueda funcionar violando la ley, tiene que correr dinero aquí y allá.
“Otros hacen la vista gorda y otros son ejecutores como los jueces de paz. Hay evasión impositiva, hay lavado de activos. Una clase política tan corrupta como la nuestra no les va a pasar desapercibido un negocio tan grande”, aseveró.
El abogado reconoció que desde el inicio del caso recibió llamadas de números desconocidos, con mensajes amenazantes como “atendé lo que estás haciendo” e incluso tomó como advertencia lo que le había dicho el gremialista Miguel Marecos, quien le señaló que no iba a participar del caso porque creía que nadie iba a hacer nada y le dijo que esas personas eran capaces de ir a disparar la casa del abogado.
Finalmente, manifestó que el caso involucra y afecta a las asociaciones de empleados, de ministerios, de la policía, de la Cámara de Diputados, del Ministerio de Educación, militares que están endeudados hasta la coronilla y policías que no cobran nada. “Genera problemas de seguridad. Hay demasiados actores”.
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