Por una disputa partidaria entre los colorados oficialistas y el grupo de HC, sigue sin aprobarse la Ley de Emergencia, que prevé en uno de sus puntos la adquisición de dosis de vacunas que irían para un segmento de la población infantil desde los 5 años.
Educadores y estudiantes afirman que la inmunización puede brindar mayor seguridad a las familias para un retorno seguro a clases semipresenciales desde el 21 de febrero próximo, fecha del retorno, como hasta ahora indica el calendario oficial.
“Yo, particularmente, no creo que prime la cuestión partidaria con la aprobación de la Ley de Emergencia, es algo vital para que la población siga accediendo a la vacunación contra el Covid-19”, afirma el titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos. Luego, sostiene que para muchas familias el tener disponibles las dosis para sus hijos les brindará mayor seguridad para el retorno a las instituciones educativas.
Con esta normativa también se hará posible contratar a más personal de salud. “Esperamos que eso (contrataciones de personal de blanco ) alcance para las escuelas si se vuelven a abrir como centros de inmunización”, agrega el educador.
Precisamente, en el Senado se planteó con media sanción especificar en un punto que con la ampliación de vigencia de la ley se puedan adquirir vacunas para niños de 5 a 11 años, que es la franja etaria todavía excluida del plan.
Marecos remarca que está de acuerdo con lo que exponen los legisladores cuando indican que todo lo referente a contrataciones transparentes debe estudiarse para aprobar la normativa. Al respecto, datos del gremio destacan que alrededor de 900.000 niños y niñas en edad escolar serían beneficiados con el avance del plan de salud pública contra el Covid-19.
Esta franja representa al segmento desde la Educación Inicial hasta el segundo ciclo de la Escolar Básica. Además, más jóvenes de 12 años en adelante que aún no recibieron algunas de las dosis pueden incluirse.
Más enfoques
Para la experta en educación Karina Hugo, la legislación es importante en el contexto de pandemia. Pero recomienda que el debate se extienda a otros problemas que afronta hoy el sector, como el rezago en los aprendizajes, la falta de infraestructura y de tecnología en las aulas.
“Hay todavía mucha resistencia a las vacunas de parte de las familias, entonces lo que debería hacerse es complementar con una campaña de concienciación”, alude.
Hugo también defiende la idea de que acceder a las vacunas no sea una obligatoriedad en las instituciones educativas, tanto para estudiantes, docentes y las familias.
La inmunización no será obligatoria de acuerdo con lo establecido por Salud Pública en los decretos vigentes. Lo que estudia el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) es realizar test tipo PCR cada 15 días a los profesores que eligieron no vacunarse.
La cifra de maestros no vacunados hasta noviembre del año pasado era de alrededor de 2.500.
El Sinadi asegura que el 98% de los educadores de distintos niveles y cargos se encuentran con, por lo menos, dos dosis anti-Covid.
Otra preocupación de la comunidad, alerta Karina Hugo, es el respeto a los protocolos como el lavado de manos, el distanciamiento y el uso de tapabocas.
“Eso seguirá y tiene que seguir vigente para las clases presenciales”, exhorta.
Virtualidad total afecta a estudiantes
Con las clases virtuales y sin contacto con docentes y compañeros, el aprendizaje tuvo demasiados retrasos, asevera el alumno Luciano Armoa, ex secretario ejecutivo de Fenaes.
Comenta que contaron con numerosos problemas para conectar con las clases a distancia en estos dos últimos años.
Las familias apenas cuentan con tecnología, sean computadoras, notebooks o celulares de alta gama, dice Armoa.
“Yo espero que ninguna disputa en lo partidario, como siempre, pueda afectar a la gente nuevamente, porque ni Cartes ni Marito salen perjudicados con la no aprobación de la ley”, sentencia.
La Fenaes fue uno de los gremios secundarios que venían denunciando la precariedad del sector en estos dos años de pandemia por el Covid-19.
A las casi nulas estrategias del Estado para garantizar la educación de niños, niñas y jóvenes, se suma la escasa inversión.
Armoa recuerda que, según cifras oficiales, incluso se disparó el porcentaje de exclusión educativa desde los 14 años.
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