El vicepresidente Hugo Velázquez y el titular del Congreso, Blas Llano, junto con el ministro de Hacienda y otros referentes, lideran el plan de impulsar modificaciones al arcaico sistema actual.

La crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero debido a la pandemia del Covid-19 puso en jaque a todos los Estados. Nuestro país no está exento y la falta de una estructura en salud pública puso en aprietos al Gobierno, que se ve obligado a buscar reformar una parte del engranaje estatal como salida para buscar ajustar la inequidad existente.

La presión ciudadana más que nunca jugó un papel fundamental y la clase política se vio forzada a buscar consensos para lograr la tan mentada reforma estructural y recortar privilegios.

Sin embargo, tamaño responsabilidad recae en los mismos políticos cuestionados de siempre, por lo que nuevamente afloran la falta de credibilidad y el cuestionamiento de la ciudadanía, que viene exigiendo una reducción de gastos de la maquinaria del Estado y reforzar los recursos hacia el sector social, en especial en la salud pública.

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el ministro de Hacienda, Benigno López; el presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano; el titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Arnaldo Samaniego, y el titular de Diputados, Pedro Alliana, son las caras visibles de este proyecto que, si bien es urgente, se hace cada vez menos creíble.

El pasado lunes 30, el Gobierno anunció una mesa de diálogo para consensuar una reforma estructural del Estado, además de recortes salariales de funcionarios públicos.

Para el efecto, se convocó a diversos sectores para trabajar y establecer pautas en una mesa de diálogo que se hizo un día después.

Tras aquella reunión entre integrantes de los tres poderes del Estado y representantes de diversos estamentos, se planteó que el borrador del proyecto esté listo en tres meses.

Tras la suspensión de las actividades en el Congreso, la intención se diluyó, aunque el vicepresidente de la República y el ministro de Hacienda mantuvieron una “reunión” a distancia una semana después en la sede de la Vicepresidencia, contactando con Llano y Alliana, respectivamente, sin mayores avances.

CUESTIONADOS. Como nexo del Ejecutivo ante el Congreso se encuentra el vicepresidente Velázquez liderando el proceso de reforma del Estado.

Tiene una larga y a la vez cuestionada carrera política.

Desde su ingreso al Ministerio Público como fiscal del crimen en la década del 90 hasta su ascenso a vicepresidente de la República, Velázquez pasó la mayor parte de su vida pública esquivando denuncias de corrupción.

En la función pública tuvo tres cargos: asesor jurídico de la Itaipú Binacional, fiscal del crimen y fiscal adjunto. Accedió a este último cargo en el año 2003 y en poco tiempo se ubicó en el primer anillo del entonces fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. Como fiscal adjunto fue asignado a Alto Paraná donde comenzó a amasar poder y acusaciones de corrupción.

En 2016, Velázquez, siendo diputado, apareció en una fotografía en un yate en Líbano con el empresario Walid Amine Sweid, investigado por Estados Unidos por lavado de dinero en la Triple Frontera y el supuesto financiamiento de grupos terroristas. Ya estando en el cargo de vicepresidente, fue salpicado por la polémica firma del acta bilateral que casi terminó en un juicio político a Mario Abdo Benítez. En su trayectoria en el Congreso, presidió la Cámara Baja, donde mantiene su poder.

Llano no se queda atrás por ser una cuestionada figura. El liberal es conocido por estar siempre acomodado al poder de turno. Históricamente, Llano se sirvió de los privilegios que otorga la función pública. Acusado de mercenario por sus colegas liberales, Llano fue el principal propulsor de la reelección de Horacio Cartes, hecho que derivó en una sangrienta jornada de protestas en 2017. Tiene una larga militancia en el PLRA y muchos años como legislador.

Arnaldo Samaniego fue acusado varias veces de despilfarrar dinero cuando se desempeñó como intendente de Asunción. Uno de sus principales pecados es que llena de operadores políticos los lugares donde ocupa un cargo. En tanto que Pedro Alliana es sindicado como una simple marioneta del ex presidente Horacio Cartes.

Fuente; Ultima Hora