Corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, escraches y hasta un homicidio. Estas son algunas de las causas por las cuales influyentes políticos fueron a prisión en los últimos cinco años. El último en ir tras las rejas es Miguel Cuevas, quien ya está recluido en la Agrupación Especializada.
Siete fueron los políticos de peso que en los últimos cinco años fueron a prisión por la presunta comisión de diversos delitos. Un denominador común es que todos alegan que son perseguidos políticos.
Algunos de ellos siguen en la cárcel y otros ya salieron con medidas alternativas o desvinculados de sus causas. El diputado colorado Miguel Cuevas pasó a engrosar este grupo desde el jueves.
La lista solo incluye los casos más llamativos, ya que concejales e intendentes de todo el país también fueron procesados y encarcelados en el mismo periodo, como por ejemplo, el ex intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender Benítez, o el actual jefe comunal de Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyjhá), Néstor Ariel Araújo Gómez.
Ambos ex jefes comunales fueron imputados y fueron a prisión por presuntos desfalcos en sus municipios. En el caso de Schlender, también se le imputó por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La nómina de políticos encarcelados es más antigua e incluye también a figuras como Lino Oviedo –quien llegó a estar preso por el intento de golpe de 1996, por las muertes del Marzo Paraguayo y el magnicidio de Luis María Argaña, y terminó desvinculado de todos los procesos–, Silvio Ferreira –ex ministro de Justicia del gobierno de Luis González Macchi–, y el ex presidente Horacio Cartes –preso por unos 60 días por un caso de evasión de divisas durante la dictadura de Alfredo Stroessner–.
Sin embargo, en los últimos cinco años la lista aumentó como nunca antes, incluso con importantes autoridades públicas que no se dedicaban directamente a la política, como el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien estuvo preso por varios meses por la causa que mantiene por enriquecimiento ilícito, o el ex comandante de la Policía Alvarenga, quien fue condenado a cuatro años de cárcel en la Agrupación Especializada por un presunto negociado con vales de combustibles para las patrulleras policiales.
El diputado colorado por Paraguarí, Miguel Cuevas, entró a la Agrupación Especializada en la tarde del jueves para cumplir su prisión preventiva en la causa que enfrenta por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias.
El proceso al legislador oficialista fue bastante polémico. En agosto del año pasado fue desaforado por la Cámara Baja, pero la Justicia recién le impuso una medida cautelar –en este caso la prisión preventiva– el pasado viernes 14 de febrero.
La imputación de la Fiscalía Anticorrupción señala que entre los años 2009 y 2019, Cuevas tuvo un ingreso de G. 5.734.307.036 y su egreso fue de G. 7.439.622.171, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705.315.135.
Este es el periodo en el cual ingresó a la función pública, llegando a ser gobernador de Paraguarí y luego presidente de la Cámara de Diputados.
El diputado colorado de Alto Paraná, Ulises Quintana, está recluido en el penal militar de Viñas Cué desde el pasado 29 de noviembre. La Fiscalía Antidrogas sostiene que Quintana intervino para liberar una gran cantidad de dinero que fue retenido por la Policía en Nueva Londres, Caaguazú. Supuestamente, el dinero pertenecía al presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña.
De acuerdo al Ministerio Público, el parlamentario oficialista recibió apoyo financiero de Cabaña durante su campaña electoral, además de usar una camioneta a su nombre y mantener conversaciones frecuentes. Está imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, asociación criminal y tráfico de influencias.
Poco después de asumir como miembro del Congreso, fue imputado y encarcelado, por casi un año. Su defensa logró su libertad y él pudo recuperar su banca durante unos meses. Sin embargo, en noviembre, la jueza Alicia Pedrozo revocó la medida y ordenó nuevamente su reclusión.
El otrora caudillo político de Luque y senador colorado, Óscar González Daher, experimentó una dura caída del poder en los últimos tres años, desde la filtración de conversaciones telefónicas en las cuales negociaba casos judiciales con jueces y fiscales en su calidad de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el 2017.
Desde entonces, el ex senador fue despojado de su investidura por sus colegas en la Cámara Alta, fue imputado por la Fiscalía en dos procesos distintos y fue encarcelado en la Agrupación Especializada. Actualmente, tiene prisión domiciliaria.
González Daher está imputado por asociación criminal y tráfico de influencias en el caso de los audios del Jurado y paralelamente enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. El primer caso ya fue elevado a juicio oral y en el segundo está pendiente de una audiencia preliminar.
Su hermano, Ramón González Daher, quien llegó a ser vicepresidente y presidente interino de la Asociación Paraguaya de Fútbol, también fue procesado por lavado de dinero y encarcelado en la Agrupación Especializada junto a su hijo, Fernando González Karjallo.
Justo Cardenas
Por el caso que enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, estuvo preso en Tacumbú desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019, cuando fue beneficiado con el arresto domiciliario.
Cárdenas es un político de trayectoria dentro de la ANR. Fue diputado por Alto Paraná entre 2008 y 2013 y luego fue designado como titular del Indert al inicio del gobierno de Horacio Cartes. En ese entonces, se lo mencionó como cupo del movimiento Vanguardia Colorada, liderado por Luis Alberto Castiglioni.
El Ministerio Público sostiene que Cárdenas no puede justificar G. 2.644 millones con sus ingresos y bienes, entre los años 2008 y 2018.
Cynthia Tarragó
En noviembre del año pasado, la comunicadora y ex diputada colorada por Asunción, Cynthia Tarragó, fue detenida en Estados Unidos bajo el cargo de “conspiración para cometer lavado de dinero”. Hasta ahora permanece presa en el país del Norte.
Tarragó fue detenida con su esposo, Raymond Va, por su presunta vinculación con el blanqueo de un dinero que les fue ofrecido por dos agentes encubiertos del FBI que se presentaron como traficantes de droga.
Por el mismo caso, fue imputado Rodrigo Alvarenga Paredes, quien se encuentra en Paraguay.
El ahora ex senador Paraguayo Cubas pasó tres meses recluido en el penal regional de Ciudad del Este por protagonizar escraches a autoridades públicas en el 2016. Esta causa fue por pintar grafitis ofensivos en una sede del Ministerio Público. En este lapso, Cubas cintareó al juez Amílcar Marecos y luego defecó en la Sala de Audiencias del Tribunal, en la capital de Alto Paraná
En el 2017, Cubas fue remitido a la cárcel de Emboscada por una pintata en la casa del entonces fiscal general Javier Díaz Verón. Fue imputado por daños a cosas de interés común, perturbación de la paz pública y resistencia.
En noviembre del año pasado, senadores de los bloques abdistas, cartistas, llanistas y de Patria Querida aprobaron la expulsión de Cubas del Senado a través de la pérdida de investidura.
El polémico político independiente quedó desvinculado de estas causas. Según los senadores que lo echaron, las causas de la expulsión fueron la agresión a una concejala departamental de Patria Querida, la agresión a policías, el daño a bienes públicos y pedir “matar a 100.000 brasileños”.
Vilmar Acosta
El ex intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, está actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, condenado como autor intelectual del homicidio del periodista Pablo Medina, ocurrido en octubre de 2014. Acosta tenía como madrina política a la diputada por Canindeyú Cristina Villalba y a la par era considerado por organismos antidrogas como el principal narcotraficante de la zona de Ypejhú.
Acosta fue condenado a 29 años de cárcel, más 10 años por medida de seguridad. El periodista y su asistente, Antonia Almada, fueron asesinados el 16 de octubre del año 2014 en Villa Ygatymí, Canindeyú.
En el juicio oral, el Tribunal concluyó que los sicarios que ejecutaron el crimen por orden de Neneco son Wilmar Acosta Marques, su hermano que está prófugo, y Flavio Acosta, detenido.
