Un informe presentado por la Cepal y la FAO pide a los países de la región reforzar el ingreso básico de emergencia con un bono contra el hambre
La totalidad de la catástrofe económica que la covid-19 dejará en Latinoamérica y el Caribe todavía está por verse, pero sus efectos en el bienestar social auguran un futuro desesperanzador. Tras siete años de lento crecimiento, el PIB de la región enfrenta un desplome del 5,3%, su mayor caída en un siglo. El impacto de la pandemia podría sumir a otras 16 millones de personas en la pobreza extrema en 2020, haciendo un total de 83,4 millones de latinoamericanos viviendo en total carestía, según un informe conjunto presentado este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El hambre, advierten estos organismos, será el mayor desafío que enfrentará una región donde 53,7 millones de personas ya sobreviven en una grave inseguridad alimentaria.
El informe titulado Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria advierte de que los efectos de la crisis sanitaria han limitado el acceso a alimentos frescos y disparado los precios de los mercados internos mientras el desempleo y la caída en los ingresos han llevado a millones de personas a optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional. Entre los 83,4 millones de pobres que quedarán en la región tras la pandemia, más de 34 millones son menores de 15 años y 30 millones viven en áreas rurales.
Para contrarrestar esta situación, la Cepal y la FAO proponen un refuerzo de los ingresos básicos con un bono contra el hambre. “La pandemia ha puesto de manifiesto que solo el Estado tiene la capacidad para facilitar, coordinar e intervenir para asegurar la disponibilidad de alimentos”, dice uno de los puntos del informe. Según datos del informe, prácticamente todos los países de la región, salvo Panamá, han aplicado medidas como transferencias monetarias, mientras países como Chile, Honduras o Ecuador han repartido canastas de alimentos.
El bono contra el hambre propuesto por estos organismos “podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos” por un período de hasta seis meses. La Cepal y la FAO calculan que esta ayuda –unos 47 dólares por persona equivalentes al 70% de la canasta básica con cálculos de 2010– equivaldría al 0,45% del PIB de la región si se entrega a toda la población en carestía. En total, el costo estimado por ambas organizaciones es de 23.500 millones de dólares. “En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre y perder lo que hemos logrado en quince años en tan solo un par de meses», señaló el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, según recoge el comunicado.
Las agencias proponen el bono como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares tengan asegurada una alimentación suficiente. El establecimiento de canales de comunicación entre los actores públicos y privados del sector, el financiamiento a los agricultores minoristas y el apoyo financiero para las empresas agropecuarias son otras de las medidas propuestas.
Para los productores empresariales, se plantea un incremento de al menos un 20% del promedio de los créditos expedidos en los últimos tres años. Estos sumarían un total de 5.500 millones de dólares que podrían ser financiados por “una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo”. Para los pequeños productores, las organizaciones proponen un “kit básico de inversión” de 250 dólares que tendría un costo total de 1.700 millones de dólares en toda la región. La Cepal y la FAO piden la cooperación internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.
“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Hace unos meses, antes del inicio de la pandemia en la región, Bárcena había advertido en entrevista con este periódico que “la cultura del privilegio ha naturalizado la desigualdad” en la región y que el modelo de desarrollo en el subcontinente estaba agotado.
Fuente: El País
