La activista y abogada María Esther Roa, aseguró que el control por parte de la ciudadanía hacia los organismos que imparte justicia es clave para acabar con el esquema de impunidad que se maneja en los casos de corrupción, como sucedió con la prescripción de la causa que investigó el desvío de G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
María Esther Roa señaló que en la propia Corte Suprema de Justicia se maniobran los expedientes de corrupción. Aseguró que existe una directriz de dejar impune aun acto de corrupción pública, como sucede con el caso de los 3.700 millones supuestamente desviados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que dejó impune a los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy.
“Hace 10 años que vengo luchando contra la impunidad. Lo que nos dimos cuenta es cómo opera un corrupto procesado para no llegar a un juicio oral. Cuando la prensa se olvida de un tema, ellos arreglan las cosas entre la Corte y los fiscales. Hurgando los expedientes, nos damos cuenta de que estos se parapetan en la Sala Constitucional. Sin una medida cautelar, se suspenden los trámites. Finalmente, termina en la prescripción”, dijo la abogada.
La activista y abogada señaló que existe un sistema utilizado por los abogados cuyo objetivo es que la causa muera. Para la mujer, muchas de las causas “mueren” en la Sala Constitucional de la Corte.
“Un procesado por corrupción es imputado, se le acusa y después la viene la chicaneada, al final termina con una acción de inconstitucionalidad que es lo que fomenta la impunidad. El abogado ya sabe que al presentar una acción de inconstitucionalidad se va a la Sala Constitucional y esta puede dictar una medida cautelar o pedir el expediente principal. Estos dos mecanismos impiden que se avance en los procesos. La responsabilidad final es de la Corte.
Contubernio entre jueces y fiscales
María Esther Roa, denunció que existe un contubernio entre jueces, fiscales y ministros de Corte. “En el caso de Enzo Cardozo, nos dimos cuenta de que cuando controlamos los expedientes encontramos que había dos imputaciones y acusaciones, pero nadie sabía dónde estaban los expedientes. Lo denunciamos y tras una auditoria se encontró. Si dejamos el mecanismo de control ciudadano, el esquema de la impunidad va a seguir en el Poder Judicial”, dijo.
La abogada lamentó que los hechos de impunidad que son denunciados constantemente no tengan consecuencias. “Si la causa estuvo dos años en la Sala Penal, se debe buscar a los responsables y que estos vayan a juicio político”, señaló.
Asimismo, aseguró que el Ministerio Público también tuvo responsabilidad en el caso del MAG, ya que si un fiscal aplicaba el mecanismo judicial que es urgimiento se iba a destrabar la impunidad. “Tenemos una Fiscalía y Poder Judicial que no funciona, porque están a merced de la clase política que roba al país”, agregó.
Control ciudadano es clave
Para la abogada, la solución a la impunidad dentro del sistema judicial es que se pueda establecer un mecanismo de control ciudadano. Afirmó que existen leyes aplicables, tratados internaciones, entre otros, pero estos no se cumplen.
“Lo que se debe mejorar es el mecanismo de control de la responsabilidad de sociedades civiles. Hay grupos que denuncian la corrupción en todo el país, pero no tenemos solución porque cuando queremos seguir un expediente de corrupción pública, las puertas de la Fiscalía se cierran y las del Poder Judicial también. Necesitamos sitiar con controles y exigir transparencia”, dijo.
María Esther Roa insistió que en que la ciudadanía debe ser contralora de la Justicia hasta que esto “se haga costumbre para quienes la imparten”. “El día en que se prendan las luces en la Justicia, las cucarachas van a correr y la ciudadanía va a tener claridad”, aseguró.
Ex ministros de Agricultura Enzo Cardozo y Rody Godoy y otros 11 acusados se libraron del juicio por prescripción. El proceso judicial contó con innumerables recusaciones y apelaciones promovidas por la defensa de los ex ministros y otros implicados. Estas acciones obtuvieron la suspensión de 11 audiencias preliminares.
Así, el 15 de setiembre de 2022, el Tribunal de Sentencia Colegiado declaró la prescripción y sobreseyó a los acusados. La Fiscalía apeló y finalmente el 30 de diciembre el Tribunal de Apelaciones Tercera Sala ratificó la decisión de liberar a los acusados.
DiarioUH.com.py
