El director paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, afirmó este miércoles que hay intenciones de transparentar los gastos sociales, pero que el Tratado no les permite abrir unilateralmente las puertas a la Contraloría.
“Quiero, pero no puedo”. Con esa frase se puede resumir el argumento del director paraguayo de la Itaipú, Manuel María Cáceres, sobre el accionar de la entidad binacional para impedir el control del uso de los fondos sociales mediante una auditoría de la Contraloría.
Tras un acto oficial de entrega de camionetas en Palacio de López, Cáceres fue abordado por los medios de prensa para conocer sus explicaciones con relación a la acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia.
“La intención es compartir los gastos, no es una negativa, solo que tenemos que actuar dentro de los parámetros del Tratado. Eso nos limita. Por eso acudimos a la Corte, para saber su interpretación”, afirmó.
En varias ocasiones insistió en que no tienen motivos “para ocultar nada” y que la instrucción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es la de transparentar las gestiones, pero que tropiezan en el ámbito legal.
Al ser consultado sobre la decisión de Yacyretá, de entregar los documentos solicitados, pese a tener el mismo inconveniente, respondió que no podía hablar por esa administración, y volvió a expresar que no puede estar violando el Tratado de la Itaipú.
“No tenemos inconvenientes, no tengo nada que esconder, no es que tenga que pedir permiso al Brasil, es cumplir con el Tratado. Nos debemos al Tratado y por eso acudimos a la Corte y vamos a cumplir sin problema la decisión de la Corte”, concluyó.
Acción de inconstitucionalidad
El principal argumento de la binacional es que la Contraloría no tiene jurisdicción sobre las binacionales. Alega que se viola la supremacía constitucional.
La acción fue promovida ante la Sala Constitucional de la Corte por los asesores jurídicos Iris Mendoza Balmaceda y Óscar Bogado Rolón, bajo el patrocinio del doctor Daniel Mendonca.
Según explica la acción, se ataca la Resolución CGR N° 236, del 30 de abril pasado, por la que, tras el pedido de la Cámara de Senadores, se dispuso una auditoría financiera y de cumplimiento sobre los gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, margen derecha, lado paraguayo.
Indica que la Corte es competente para el caso, teniendo en cuenta la normativa constitucional. Afirma que tiene derecho a accionar, porque la resolución del contralor fue dictada de una manera inconstitucional.
Al fundar su pedido, dice que la resolución de la CGR se basa en el artículo 283, inciso 4, de la Carta Magna, según el cual la entidad tiene atribución de fiscalizar las cuentas nacionales de las empresas y entidades multinacionales de cuyo capital participe el Estado Paraguayo, en forma directa o indirecta en los términos de sus respectivos tratados.
Alegan que el artículo no se refiere a las binacionales, ya que cuando la Constitución alude a estas, directamente dice binacionales, que las diferencia de las multinacionales. Cita los acuerdos del Senado, la declaración de bienes, entre otros.
Además, argumenta que la existencia de una diferencia entre multinacional y binacional es la posición oficial de nuestro país, según la Procuraduría General de la República. Con ello, acota que la normativa no se refiere a la entidad.
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