El senador Arnaldo Franco (ANR) no está de acuerdo con la intención de disponer los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago de salarios. A su criterio, solo deben ser usados al servicio de los propios aportantes.
“Los fondos del IPS es un tema polémico desde hace años. No estoy tan de acuerdo que se utilicen los fondos del IPS, que no sea para el servicio de los aportantes”, explicó el legislador de Honor Colorado a los medios de prensa.
Sostuvo que durante la época del ex presidente de la República Juan Carlos Wasmosy la previsional prestaba dinero a industrias y a bancos, siempre en detrimento de la institución y ante esta situación en muchos casos ni siquiera pudo recuperar sus recursos.
Franco indicó que la Carta Orgánica del IPS prohíbe el uso de los fondos, así como están planteando en el proyecto de ley. El senador dejó en claro que los “verdaderos dueños” de la previsional son los asegurados, los que cada mes aportan con el seguro social y su jubilación.
“La Carta Orgánica del IPS es bastante dura y muchas cosas no permite. La cantidad de bienes que nacen desde su creación, incluso tierras, y nunca eso se tocó porque la plata está resguardada y la misma Carta Orgánica no lo permite, ojalá siga así”, agregó.
El legislador señaló que el Instituto de Previsión Social es de la ciudadanía y de los asegurados, que con sus defectos y virtudes, es un ente con un rol fundamental, hecho demostrado con la pandemia del COVID-19, mediante el pago de compensaciones a los trabajadores cesados.
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, dijo que la entidad no cuenta con fondos para el pago de los sueldos a partir del mes de julio, calificando la situación como incierta. A raíz del conflicto, se encuentran analizando con el Ministerio de Hacienda la posibilidad de solicitar créditos y aplicar la figura del fideicomiso.
Unos 17.000 funcionarios serían los afectados, de los cuales 11.000 son personales de blanco y 6.000 administrativos, entre estos están también los contratados.
Fuente; La Nación