El intendente de R.I. 3 Corrales, Víctor Nardelli, reprochó el actuar de la funcionaria Anadelia Acosta Armoa, imputada por los hechos de lesión de confianza, estafa y apropiación. La mujer estaría implicada en el cobro ilegal de una millonaria indemnización para familiares de trabajadores de la ANDE fallecidos.
Víctor Nardelli, intendente de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, explicó qué funciones cumplía Anadelia Acosta Armoa, comisionada por la Cámara de Diputados y quien fue imputada por la apropiación de G. 725 millones en concepto de indemnizaciones.
El jefe comunal sostuvo, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que Anadelia se desenvolvía como encargada de la Secretaría de la Mujer dentro del distrito.
“Nosotros somos un municipio de categoría tres, lo que significa que estamos con un muy bajo índice de recaudación, manejamos muy poco presupuesto y esa secretaría no existía ni funcionaba en el distrito, pero se tuvo la posibilidad de traer un funcionario comisionado y destinamos a esa secretaría”, puntualizó.
Trabajaba con las comisiones de mujeres y damas organizadas del distrito. Nardelli afirmó que la funcionaria se desenvolvía bastante bien en todas las gestiones que realizaba, pero se deslindó de cualquier responsabilidad sobre las actuaciones de Acosta Armoa.
“Vi muchos comentarios diciendo que yo le protejo y para mí es una vergüenza lo que esta mujer hizo, pero ya es algo en su vida particular y que queda fuera de nuestro alcance. Yo no acompaño esta situación, me indigna”, manifestó.
La secretaría se creó en el 2022 y Anadelia estuvo al frente de la institución desde ese entonces. Cumplía con su horario laboral de 7:00 a 12:00 y su asistencia era registrada en una planilla, ya que la Comuna no cuenta con un reloj biométrico.
Hasta ahora no puedo hablar ni por teléfono con ella, yo no tengo ningún tipo de comunicación con la funcionaria, no sé ni en qué andará. Creo que habrá cambiado hasta su número.
La semana pasada solo apareció dos días y desde el viernes dejó de presentarse a su lugar de trabajo.
Acosta Armoa formaría parte de un esquema que habría desviado indemnizaciones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinó a las familias de dos de sus trabajadores de Caaguazú que fallecieron electrocutados.
Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
La cantidad total del dinero otorgado por la ANDE a la familia de los trabajadores fallecidos, en concepto de indemnización, fue de G. 800 millones. De ese total, solo recibieron en conjunto la suma de G. 75 millones.
Tras la presión y la gran indignación que causó, la funcionaria del Congreso y su pareja devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones.
//Ultimahora.com.