El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, desafió a la Junta Municipal a que solicite la intervención a su gestión. Aseguró que las más de 1.000 desvinculaciones anunciadas se ejecutarán y que son totalmente legales.
Miguel Prieto anunció que ni él ni su equipo bajarán los brazos o frenarán las desvinculaciones anunciadas para 1.290 funcionarios que fueron contratados en la administración anterior, la de Perla Rodríguez de Cabral.
“Si la Junta Municipal quiere pedir la intervención o denunciarnos por hacer lo correcto, pues que lo haga. Les desafío a que pidan la intervención cuando quieran, no vamos a retroceder, vamos a seguir trabajando”, aseguró el intendente este viernes en conferencia de prensa.
Enfatizó en que es necesaria la desvinculación de trabajadores para llegar a un punto de equilibrio con el presupuesto que dejó su antecesora.
“Les va a parecer inhumano, pero yo considero inhumano no respetar el dinero de los contribuyentes y utilizar como cupo para operadores políticos y mantener esquemas en la institución pública”, reclamó.
Sin embargo, el jefe comunal aclaró que muchos casos fueron reconsiderados, por ejemplo, el de las embarazadas y personas con discapacidad.
En esta primera etapa se notificará a poco más de 800 funcionarios sobre su desvinculación, pero Prieto informó que en esta oportunidad no se prescindirá de quienes prestar servicios en la Escuela de Artes y Oficios ni del Centro Educativo Municipal.
Dijo que todos estos despidos son los contratos que se realizaron en los últimos tres meses sin previsión presupuestaria.
Recordó también que el presupuesto vigente en la carta orgánica, la Comuna solo puede invertir como máximo de G. 3.000 millones en salarios. Sin embargo, con la cantidad actual de 2.732 funcionarios se necesitan de G. 6.265 millones para cumplir con todos, o sea, el doble de lo presupuestado.
Respondiendo a cuestionamientos de la Junta, afirmó que las desvinculaciones son legales según la Ley de la Función Pública que establece que hasta los seis meses, los trabajadores públicos son considerados en periodo de prueba y cualquiera de las partes puede rescindir el contrato.
Además, el artículo 51, inciso k, de la Ley 3966 Orgánica Municipal establece como atribución del intendente la nombrar y remover el personal, conforme a la legislación.
Cuestionamiento de la Junta
En la víspera, la mayoría colorada de la Junta Municipal cuestionó duramente al recientemente electo intendente Miguel Prieto Vallejos, por supuesto mal desempeño de sus funciones, “tomándose atribuciones que no le corresponden”, mencionaron.
Dijeron que el jefe comunal y las personas de su entorno maltratan a los funcionarios. Lo acusaron además de suspender el uso del cepo en Ciudad del Este, disposición que por su naturaleza es atribución de la legislatura, según dijeron.
Vía minuta fue aprobado remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. // Ultima Hora
