La abogada Angélica Michaela Vera, representante legal de las familias estafadas por una indemnización de la ANDE, confirmó que las víctimas están conformes con la devolución de parte del dinero por parte de los imputados. “Mis clientes decidieron eso. Yo les propuse negociar más. Pero me dijeron que ya era suficiente”, afirmó.

Angélica Michaela Vera, abogada de las familias afectadas por millonaria apropiación afirma que sus clientes están conformes con los G. 300 millones que recibieron como parte de la reparación del daño por parte de la funcionaria del Congreso, Anadelia Acosta Armoa y otras personas imputadas por este hecho.

“Mis clientes decidieron eso, yo les propuse negociar más, pero me dijeron que ya era suficiente. Son tan nobles que me dijeron ‘eso le damos a ellos (los acusados) porque es lo que les corresponde por sus honorarios”, explicó la abogada en comunicación con radio Monumental 1080.

Los familiares de ambas víctimas debían cobrar la suma de G. 400 millones, según la investigación que está en manos de la fiscala Norma Salinas.

Según explicó la profesional del derecho, las dos familias afectadas renunciaron a parte del dinero en favor de las personas que están imputadas que fungieron de gestores.

El dinero devuelto fue entregado en efectivo a las partes afectadas que aceptaron el acuerdo de forma “libre y voluntaria”, según manifestó la abogada. La suma fue depositada a una cuenta bancaria. “Ellos van a retirar ese dinero mensualmente y después de retirar la totalidad, se bloquea la tarjeta”, agregó la abogada Vera.

Bajo el patrocinio del abogado Darío Aquiles Flores – pareja de Anadelia Acosta–, Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Mariano Ramírez, funcionarios de la ANDE, pidieron G. 400 millones para cada parte afectada en concepto de indemnización. Ambos funcionarios murieron electrocutados durante un servicio para la estatal eléctrica.

Una vez que la ANDE corroboró su responsabilidad, tras el análisis de los informes técnicos, la institución emitió los cheques con la inscripción no transferibles, por G. 400 millones para cada afectado. Los cheques fueron retirados por el abogado Flores Mendoza y Anadelia Acosta Armoa pero estos habrían dado a las víctimas G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.

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