La Fiscalía decidió imputar a seis de los siete detenidos por los sucesos del domingo a la tarde, frente al domicilio del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
Todas estas personas se abstuvieron de declarar.
La fiscala Stella Marys Cano, quien presentó la imputación y el pedido de prisión, indicó que “estas personas son sindicadas inicialmente como autores de los hechos punibles de daño a cosas de interés común, que en resumidas cuentas serían los vehículos del Estado paraguayo que estas personas sabían que eran así, lo que se deduce de las filmaciones que ellos mismos hicieron circular”. También se los acusa de perturbación de la paz pública y resistencia.
Según Cano, existe una expectativa de pena de 10 años de prisión, por el delito de perturbación a la paz pública.
Finalmente, la representante del Ministerio Público explicó que se descartó la acusación de lesión grave.
El que llevará el caso y determinará a qué prisión envía a los imputados es José Delmás, juez Penal de Garantías, quien tendrá que establecer además las fechas de audiencias de los imputados, y eventualmente podría ordenar su libertad provisoria, si sus abogados garantizan que no hay peligro de que huyan o de que obstaculicen el proceso de investigación, según publica Última Hora . com
APORTAN PRUEBAS. La fiscala Cano resaltó que, a más del acta policial del suceso, los propios imputados aportaron las pruebas más contundentes de los delitos, ya que estos filmaron todo el proceso y levantaron las imágenes en las redes sociales.
LEY 209. La abogada de los imputados, Kattya González, comparó la ley de perturbación de la paz pública con la temible Ley 209 de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Cuestionó que el elemento más importante de la causa, el acta policial, carece de legalidad por la falta de la firma de dos personas ajenas al caso, como testigos.
A su vez, el concejal Miranda dijo que cambiarán de estrategia y que a partir de ahora solo harán sentatas, dejando de lado las pintatas.
