La Fiscalía imputó a tres miembros del Departamento de Investigación de Delitos por supuestos hechos de privación de libertad y extorsión, entre otros. El proceso se da en el marco de la denuncia realizada por dos mujeres, quienes reportaron que pagaron G. 50 millones para evitar ser detenidas.
El agente fiscal Federico Delfino, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro y Antiterrorismo), formuló imputación contra los tres agentes de la Policía Nacional: el subcomisario Víctor José Luis Velázquez Vera, la suboficial primero Liz Marlene González Belotto y el oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa.
Los efectivos fueron imputados por la supuesta comisión de los hechos punibles de privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los imputados, como medida cautelar en el marco de la investigación.
Los imputados son efectivos policiales del Departamento de Investigación de Delitos de la Brigada Central y formarían parte de un grupo criminal, encargado de realizar extorsiones a personas, privándoles de su libertad en uso de sus funciones y así obtener sumas de dinero de forma indebida.
Los tres oficiales fueron detenidos en la base de Investigación de Delitos del Departamento Central, ubicada en San Lorenzo, donde las víctimas denunciaron la detención ilegal.
Según la denuncia, el pasado miércoles dos mujeres se encontraban en la vía pública frente a una escribanía ubicada sobre las calles 11 de Setiembre y Juan Leopardi de la ciudad de Fernando de la Mora.
Una de las víctimas descendió de su vehículo y al dirigirse hacia la escribanía fue abordada por dos sujetos con uniforme policial, portando identificadores con los nombres de Juan Arévalos y Víctor Velázquez, quienes la forzaron a subir a un vehículo donde se encontraba otra persona.
La otra víctima fue esposada y forzada a subir al mismo vehículo y, posteriormente, se dirigieron a la brigada de San Lorenzo.
Según la investigación del Ministerio Público, en todo el trayecto fueron amenazadas con arma de fuego, y una vez en el lugar, les exigieron la suma de G. 50 millones, de lo contrario llegarían a perjudicarlas.
Hoy el agente fiscal Federico Delfino llevó a cabo dos allanamientos que derivaron en la detención de las tres personas indagadas.
Por el caso, la Comandancia de la Policía Nacional dispuso el cambio de la jefatura de la Brigada Central. Nombró al comisario Ignacio Ramón Muñoz como jefe, en reemplazo del comisario Feliciano Martínez Peña.
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