Los denunciantes acusan al propio Comandante de la Policía Nacional Críspulo Sotelo, de haber recibido dádivas a cambio de no ejecutar una orden de desalojo en la colonia Guahory, distrito de Tembiapora. La acusación de los propietarios de las tierras coincide con la serie de excusas que han puesto desde filas de la policía nacional como la falta de helicópteros, entre otros.
“La historia vuelve a repetirse, campesinos siembran soja en nuestras tierras con maquinarias provenidas del propio intendente municipal Sotero Cáceres y un ex concejal de quien no puedo precisar el nombre, quienes les pagan por su trabajo y una especie de cuota por seguir invadiendo”, comenta uno de los dueños de las tierras, cuyo nombre no mencionamos por cuestiones de seguridad.
La fuente indicó que un litigio judicial desde hace varios años, finalmente les concedió la orden de desalojo contra los invasores que además del daño económico que causan, y el problema social, se instaló una ola de violencia, en una prácticamente sin orden público.
Dijo que lamentablemente la policía nacional se prestó a los intereses de grandes productores quienes se benefician con esta ocupación ilegal de tierras y cosechan en ellas, pagando- no un alquiler, sino una mensualidad por invadir.
Hace un mes atrás el propio jefe policial, Simeón Servián y el Jefe de Orden y Seguridad del departamento de Caaguazú, Willian Giménez, afirmaron que los supuestos campesinos invasores de las tierras en la zona de Guahory , distrito de Tembiaporã , son financiados por varios grupos quienes tienen diversos intereses en el lugar.
“A ellos no les falta nada, pero tampoco trabajan”, indicaron. Estiman que en un mes se lleve a cabo la orden de desalojo, decían en julio pasado. Ambos coincidían que en la zona de invasión de tierras, los supuestos campesinos reciben la asistencia de varios grupos interesados en las tierras, si bien no dieron nombres de quienes están detrás de la invasión de tierras, los campesinos constantemente nombran a los Senadores Luis Alberto Wagner y Miguel López perito como supuestos padrinos, incluso constantemente visitan la zona.
Señalaban, que el departamento de inteligencia estaba coordinando el trabajo para llevar a cabo el desalojo para dar complimiento al mandamiento judicial y evitar que sean sujetos a algún tipo de proceso posteriormente.
“Estamos dando conocimiento al Congreso, Ministerio Público, CODENI, DDHH para que formen parte y se garantice la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas”, indicó Servián.
Sin embargo, a un mes siguen poniendo excusas para no ejecutar la orden de desalojo, alegando que el helicóptero había sido asignado a la zona de Canindeyú tras los últimos secuestros.
ANTECEDENTES
En febrero del 2015, unos 80 productores, descendientes de colonos brasileños, asentados en la colonia Guahory del distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, denunciaron estar cansados de la inseguridad jurídica con la que deben lidiar para trabajar sus tierras.
Indicaron que campesinos invaden sus propiedades y lucran con sus cultivos, y que además son extorsionados. Los descendientes de colonos brasileños Jair Weber, Elmiro Saidler y Elvino Just denunciaron que un grupo de campesinos se aprovecha de los colonos y amenazan constantemente con invadir sus tierras.
Una vez que sus cultivos de soja, trigo o maíz están en época de cosecha, ellos mismos se encargan de desgranar con maquinaria que eran proveídas por un ex concejal del distrito, a quien identificaron como César Viana (ANR), y el intendente Ignacio Giménez (ANR), denunciaron.
Relataron que existe un verdadero negociado, pues el ex intendente y el concejal venden los cultivos ajenos con la ayuda de los campesinos, que por poco dinero se encargan de realizar los trabajos, incluso armados. Argumentan que si hubiera alguna represión, cuentan con el respaldo de los senadores Miguel Ángel López Perito (M-20A) y Alberto Wagner (PLRA), indicaron.
En la mira de los campesinos están unas 2.000 hectáreas, divididas en 80 parcelas cada una. Es decir, los colonos que estarían siendo perseguidos por los campesinos son 25. Manifestaron que trabajan sus tierras, invierten dinero y esfuerzo, pero no pueden vivir tranquilos.
Aseguraron que son paraguayos, “pero con el defecto de ser descendientes de brasileños”. Alegan además que los 25 cuentan con títulos de propiedad que datan de hace más de diez años, mientras los campesinos tienen una especie de “declaración” del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
