La Fiscalía General solicitó informes a los agente fiscales que intervinieron en el desalojo de las tierras ubicadas en Guahory, de la localidad de Tembiaporã, departamento de Caaguazú.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, sostuvo que solicitaron un informe a los fiscales Alfredo Mieres, de Caaguazú, y Alfirio González, de Coronel Oviedo, quienes intervinieron en el caso del desalojo de Guahory.
“Estamos abiertos a hacer un análisis del trabajo realizado por los fiscales porque los mismos actuaron por una denuncia de invasión de inmuebles. Todos los denunciantes presentaron sus títulos de propiedad”, comentó.
En cuanto al supuesto exceso de desalojo, explicó que no existió dicha situación porque ante la denuncia de invasión de inmueble fueron a corroborar si existía eso. Luego, se notificó a las personas que un día se realizaría el desalojo, pero cuando llegó la fecha “ninguna persona se encontraba en el lugar y la Fiscalía cerró su acta; en tanto que la propiedad quedó a cargo del dueño”.
La Fiscalía emitió ayer un comunicado donde indicaba que la denuncia de invasión de inmueble ajeno, desacato de orden judicial, amenaza de hecho punible, apología del delito y coacción grave, fue presentada por los colonos brasileños mediante el patrocinio de los abogados Rubén Darío Soto Narváez y Nelson David Macoritto, el pasado 30 de diciembre del 2015.
El Ministerio Público informó que los denunciantes anexaron los títulos de propiedad que fueron contrastados con las documentaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), lo cual confirmó la veracidad de los documentos.
En fecha 8 de marzo del año en curso, una comitiva fiscal-policial y de las Direcciones de DD.HH del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, junto a los agentes fiscales designados, se constituyó hasta la colonia Guahory del distrito de Tembiaporâ dando cumplimiento a la Fase 1, el cual consiste en verificar la existencia del lugar que supuestamente está siendo invadido.
Los representantes del Ministerio Público regresaron al lugar con la intención de realizar una verificación in situ pero los campesinos impidieron que accedan al predio, por lo que solicitaron que acerquen los títulos de propiedad o documentos que pudieran servir para acreditar su titularidad, a modo de adjuntarlos a la carpeta fiscal y analizar los papeles. Esto en el marco de la Fase 2.
En vista de que los labriegos no presentaron documentación alguna durante el plazo establecido, se dio inicio a la Fase 3 que se refiere al allanamiento en sí, que debía ejecutarse el 17 de marzo de este año, pero como coincidía con la marcha de la Federación Nacional Campesina fue postergada hasta el 15 de septiembre; fecha en que los fiscales acudieron al predio junto con agentes de la Policía Nacional.
Inmediatamente, la comitiva ingresó a la zona en compañía de los representantes de los campesinos, identificados como Gustavo Bernal y Carlile Britez. En el lugar también se encontraba el intendente del distrito de Tembiaporâ Sotero Cáceres Fernández, acompañado por el concejal Hugo F. Valdez, los sacerdotes Ignacio Espínola y Felipe Osorio.
Se encontraron 57 viviendas precarias, las cuales no estaban habitadas, y no se encontró a ninguna persona en el interior de los inmuebles en cuestión. A raíz de la situación y la existencia de un peligro inminente de que las personas que se encontraban frente de la propiedad en la vía pública ingresen nuevamente al inmueble, se solicitó al Jefe de Servicio General Comisario General Luis Cantero la permanencia de una dotación suficiente de efectivos policiales en el lugar como trabajo preventivo y la restauración del orden en la zona./Hoy.
