El Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) solicita al presidente Santiago Peña el veto total de la ley garrote, sancionada en el Congreso por una mayoría cartista. Los representantes sostienen que está en riesgo no solo la democracia, sino también el tan anhelado grado de inversión.

El Grupo Impulsor de OSC en Defensa de la Democracia advierte que la ley garrote contra oenegés impacta directamente en el derecho a la participación, la libertad de asociación y manifestación, así como a la libertad de expresión.

“Ataca directamente las bases constitucionales de nuestro país, recordemos que nuestro país está constituido como una democracia participativa y pluralista”, dijo el secretario Ejecutivo de Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, en NPY.

En ese sentido, anunció el pedido del grupo al presidente Santiago Peña de vetar totalmente esta ley, así como la instalación efectiva de una mesa de trabajo, donde se pueda discutir la normativa vigente que ya regula las organizaciones.

Leguizamón explicó que ya existen leyes que transparentan las operaciones de las OSC y que esta medida sancionada en el Congreso, lo que hace es duplicar y hasta triplicar los mecanismos de control.

También alertó sobre una clara intención de la Comisión Bicameral de Investigación de perseguir y estigmatizar no solo a las organizaciones sino también a sus integrantes, con campañas de desprestigio.

A su vez, Marta Ferrada, de Semillas para la Democracia, una de las organizaciones más cuestionadas por el cartismo, mencionó que la modificación de la Cámara de Diputados hace diferencias entre las organizaciones que estarán sujetas a la ley y otras que no, violando así el principio de no discriminación.

“Esta ley ya en su intención discrimina, algunos van a ser investigados y otros no”, se quejó.

Cuestionó que sectores que están siendo investigados por lavado de dinero y están vinculados al crimen organizado, van a estar exentos de la aplicación de la normativa.

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