La Entidad Binacional Itaipú presentó una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución N° 236 de la Contraloría General de la República de fecha 30 de abril de este año, donde se dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a los gastos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, margen derecha, lado paraguayo.

Asimismo, la binacional solicitó a la Corte como medida de urgencia dejar sin efecto la resolución de la Contraloría General de la República y así evitar que el órgano de control ingrese a realizar una auditoría a los gastos sociales de la citada entidad. Firmaron la acción en representación de la Itaipú Maganoli Mendoza, Óscar Bogado y Daniel Mendonca.

El presente caso será estudiado por los ministros de la máxima instancia judicial César Diesel, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, quienes se tendrán que expedir sobre el planteamiento formulado por la Itaipú.

Los accionantes sostienen que “el artículo 283 inciso 4 de la Constitución Nacional deja claro que toda intervención del contralor general de la República respecto de las entidades multinacionales debe efectuarse en el marco de sus respectivos tratados. En el caso concreto de la Itaipú Binacional, constituida por el Tratado de Itaipú, aprobado por ley N° 389/73 de la República del Paraguay, no se contempla la participación del contralor general de la República en la fiscalización y auditoría de sus cuentas. En efecto de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Itaipú y sus anexos correspondientes, la fiscalización contable de la entidad la ejercen las altas partes contratantes a través de sus respectivas empresas asociadas, Eletrobras y Ande, y una auditoría externa ejerce el control contable de todos los aspectos relacionados con su desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial”.

Además sostienen que “tanto el Tratado constitutivo como los Anexos especialmente el A que da el manejo de la Entidad Binacional Itaipú no establece la fiscalización por parte de autoridades fiscalizadoras nacionales de ambos países, sino que rige por estar dentro del concepto del Derecho Internacional por auditorías externas”.

Juez consultó a la Corte

El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, realizó una consulta a la sala constitucional de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la medida de urgencia solicitada por la Contraloría General de la República debido a que la Itaipú se negó a abrir sus puertas para que se pueda realizar una auditoría a los gastos sociales de la citada binacional. El magistrado argumentó que está en duda la constitucionalidad del pedido de la CGR.

La presente consulta realizada por el magistrado civil también deberá ser analizada por los ministros de la máxima instancia judicial. Tampoco se descarta que se puedan acumular tanto la acción de inconstitucionalidad promovida por la Itaipú y la consulta realizada por el juez sobre la constitucionalidad de varios artículos que citó la Contraloría General de la República para poder ingresar a la binacional a realizar una auditoría de los gastos sociales.